Cuando la Policía tenía todo listo para ingresar en la madrugada del 25 de diciembre a dos propiedades privadas y clausurar las fiestas ilegales que se estaban llevando a cabo, todo se desmoronó. En el Ministerio de Gobierno contaron que las medidas no se pudieron realizar porque no encontraron ningún veedor judicial dispuesto a trabajar. En la cartera que dirige Adrián Cuevas pusieron el grito en el cielo por la insólita situación y se la hicieron saber a la Corte de Justicia, quien abrió un sumario administrativo para investigar lo que pasó. Si los funcionarios que estaban de turno son encontrados responsables, podrían sufrir una dura sanción.
Los veedores judiciales son una pieza vital en la tarea judicial, ya que actúan en representación del juez controlando la legalidad de los allanamientos, secuestros, clausuras y hasta detenciones. Y si por determinadas circunstancias no están, la Policía generalmente no realiza los operativos para evitar futuros planteos de nulidad del delincuente o la persona alcanzada por la medida (ver recuadro).
Es decir, son un eslabón excluyente en la ejecución de las medidas que disponen los magistrados para investigar o hacer cesar un delito.
La función que cumplen los obliga a estar a disposición de los magistrados las 24 horas del día y a salir corriendo cada vez que son requeridos. No obstante, a juzgar por los hechos denunciados, no siempre es así.
En la cartera de Gobierno relataron que el 25 de diciembre efectivos policiales descubrieron en Zonda dos fiestas privadas con acceso pago que se estaban celebrando sin ningún permiso ni habilitación. Frente a esa situación, se contactaron con el Juzgado de Paz del departamento y obtuvieron una orden de allanamiento para ingresar y clausurar. Y fue ahí que se toparon con los problemas.
Contaron que los veedores judiciales que supuestamente estaban de turno empezaron a poner distintas objeciones para ir. Lo cierto es que en Gobierno afirman que no apareció ninguno y que los uniformados se quedaron esperando y mascando bronca.
Dos días después, el lunes 29 de diciembre, el ministro Adrián Cuevas ordenó poner en conocimiento del máximo tribunal el plantón de los veedores de turno. Y casi de inmediato, el 30, la Corte de Justicia ordenó iniciar un sumario administrativo para determinar qué fue lo que pasó y quién o quiénes son los aparentes responsables.
Si bien la organización de una fiesta de manera ilegal es una contravención, en la gestión giojista fueron más allá. Se preguntaron con indignación qué hubiera pasado si ese día, en pleno festejo por la Navidad, se tenía que ejecutar un procedimiento con apoyo judicial por la comisión de un delito grave.
Por ahora no se conocen los nombres de los que podrían estar en la mira. Cuando este diario consultó, en Tribunales dieron una extraña explicación: que por la feria de enero se les hace difícil averiguar quiénes se encontraban de turno el día en que se desencadenaron los hechos. Por otra parte, una fuente del mismo ámbito se declaró sorprendida en virtud de que antes no habían tenido quejas por el accionar de los veedores y mucho menos, por falta de voluntad de algunos para trabajar.
La Justicia local cuenta con nueve veedores que cumplen funciones en grupos de a dos o tres en turnos semanales. De ahí que se supone que la investigación apunta a, por los menos, los dos que tenían que trabajar en la semana del 25.
El sumario podría derivar en un dolor de cabeza para los presuntos responsables. Si la investigación concluye que se negaron a trabajar, podrían sufrir desde un apercibimiento hasta ser cesanteados.
Tras el revuelo de Navidad, todo se normalizó. El 1 de enero, los veedores estuvieron disponibles y se pudieron clausuraron tres fiestas que se desarrollaron en Santa Lucía.