Por demoras en remitir informes personales de internos que han pedido a la Justicia ser favorecidos con salidas transitorias, libertad condicional y libertad asistida, la jueza de Ejecución Penal multó al Servicio Penitenciario con un monto histórico para ese tipo de retraso. La cifra asciende a los 138.865,70 pesos, valor máximo que puede aplicar ese poder del Estado a una autoridad provincial, según lo establecido por el Código Procesal Penal (CPP). La multa tiene fecha 28 de abril y no está firme, ya que desde el Penal de Chimbas confirmaron que la medida será apelada para que sea revisada, porque entienden que no corresponde. Según se pudo conocer, es la tercera sanción monetaria que se le aplica al Penal, pero es la más alta hasta el momento.
En el oficio judicial consta que la entidad que aloja a los presos en San Juan no remitió once informes del Consejo Correccional, órgano que analiza la situación de los detenidos, habiendo pedido una prórroga para poder realizar cada uno de los expedientes. Esos documentos son remitidos a la jueza de Ejecución Penal y son clave para que la Justicia determine si los internos pueden ser beneficiados o no con los pedidos de libertad condicional, salidas transitorias y libertad asistida.
Según explicó la jueza Margarita Camus “las peticiones entran vía defensor por el Juzgado de Ejecución Penal. Yo le solicito al Consejo Correccional que me envíe todos los informes del detenido de las distintas áreas como es la conducta que tiene, el informe de sanidad, su trabajo de producción, el informe educacional, social, psicológico y el acta del Consejo donde emite una opinión que no es vinculante. Pero sin esto no puedo resolver. Sin los informes, los están privando a los internos del derecho de una decisión judicial”.
La primera multa fue aplicada el año pasado, mientras que la segunda ocurrió en los primeros días de abril. En los dos casos fue por el monto mínimo que establece el CPP en el artículo 167, el equivalente al salario mínimo del escalafón judicial, 13.865,76 pesos de un maestranza. Mientras que el máximo llega a los diez salarios. El Código de Procesal Penal faculta a la Justicia a aplicar sanción por el incumplimiento de un pedido de informe a una autoridad de la provincia, que de ser efectivo será depositado en la cuenta bancaria que tiene el Poder Judicial.
Desde la Justicia explicaron que el plazo estimado para que el Consejo Correccional emita un informe es de un mes desde la notificación, pero que en la actualidad hay casos que datan de seis meses para atrás. Además, de los once pedidos de informe que componen la multa, fuentes judiciales aseguraron que hay otros 140 casos en los cuales el Consejo Correccional no pidió prórroga y no se ha expedido, siendo el pedido más antiguo uno de agosto de 2016.
Desde el Penal de Chimbas no desconocieron la situación y explicaron que la demora se debe a que en la actualidad hay seis profesionales que integran el Consejo Correccional, por lo que no daban abasto con lo solicitado por la Justicia. A raíz de esto, la semana pasada incorporaron 20 profesionales para poder dar la respuesta necesaria. Aseguraron que el nuevo equipo comenzará a trabajar hoy por lo que desde el lunes podrán resolver unos 60 expedientes por semana, a diferencia de los seis que despachan ahora. “Con esta metodología esperamos que la Jueza entienda que queremos ponernos al día”, dijo el director del Penal, Oscar Ghilardi.
“La multa es algo que no discutimos y está en manos de Fiscalía de Estado. Será apelado. Entendemos que es un acto no lógico”.
OSCAR GHILARDI – Director del Servicio Penitenciario.
“Es una conducta que no entiendo a menos que sea de rebeldía. Se contradice a la prórroga que piden. No se entiende el accionar”.
MARGARITA CAMUS – Juez de Ejecución Penal.
