Una nueva prueba aportada ayer por el acusador especial, el fiscal de Estado Guillermo de Sanctis, complicó más al juez Carlos Macchi, sometido a un Jury de Enjuiciamiento que puede terminar en su destitución, acusado de haber actuado en forma irregular en las causas de expropiaciones. Se trata del decreto provincial número 3022 del 13 de diciembre de 1994, que dispuso prohibir en el sector público provincial la indexación de las obligaciones que debía pagar el Estado, incluida “la expropiaciones de una cosa”, según cita la norma. A pesar de ello, el magistrado hizo lugar a un pedido de readecuación de montos en base a los índices no permitidos.
La existencia del decreto, del que no se tenían antecedentes, fue expuesta en la audiencia de ayer por el fiscal De Sanctis, durante la declaración testimonial del abogado Héctor Mario Carelli, quien se desempeñó como director del área de Inmuebles de la Fiscalía de Estado durante la gestión de Mario Díaz.
El término indexación hace referencia a la aplicación de índices desmesurados, por encima de los valores actuales de los bienes.
El testigo, a pesar de que reconoció que considerar el decreto era “un deber legal”, no supo responder cuando se le preguntó por qué no se había aplicado en las causas de expropiaciones que, según dijo, eran supervisadas personalmente por el fiscal Díaz.
El decreto en cuestión hace referencia a la Ley nacional Nro. 24.283, conocida como de desindexación, que establece que cuando se deba actualizar el valor de un bien “no se podrá establecer un valor superior al real y actual de dicha cosa o bien o prestación, al momento del pago”.
No obstante la vigencia de esta normativa, en el llamado caso Ruiz, Guillermo, por una vereda de 700 metros cuadrados y ante un pedido de readecuación de valores formulado por el abogado Santiago Graffigna, el juez Macchi hizo lugar al planteo con lo cual el valor del bien se disparó casi un 300 por ciento y por eso el Estado tuvo que pagar 25 millones de pesos.
El magistrado siempre defendió que la aplicación de esos índices fue correcta y el decreto demuestra que no fue correcto.
La declaración de Carelli, quien incluso llegó a valerse de un “machete”, como él lo llamó, a pesar de que el Tribunal presidido por el cortista Angel Medina Palá le dijo que no estaba permitido, se extendió desde pasadas las 9 a las 13.30 y como no concluyó y pasó para la tarde, un policía lo acompañó y lo trajo de vuelta desde su domicilio.
Carelli, junto al desaparecido Norberto Baistrocchi, fueron los únicos profesionales de Fiscalía de Estado sometidos a un sumario administrativo por las expropiaciones. Mientras Baistrocchi fue cesanteado, él fue suspendido durante 15 días.
A pesar de esta investigación, Carelli dijo que Baistrocchi nunca dejó de intervenir en las causas y si bien él era su superior, el abogado le respondía personalmente a Díaz, quien está procesado en una causa penal.