San Juan, 21 de octubre.- El Equipo Arquidiocesano de Pastoral Social se metió con la minería en Mendoza, específicamente con el proyecto San Jorge, en Uspallata, y pidió que se posponga su instalación hasta que se aclaren varios puntos relacionados con los efectos que la mina podría ocasionar en esa localidad. "Los datos científicos disponibles son contradictorios o no son suficientes", dice un escrito publicado en el sitio del Arzobispado mendocino. Piden posponer el inicio del proyecto hasta que se aclaren los puntos que consideran conflictivos.
La Iglesia ofreció así lo que considera “un aporte, inspirado en la doctrina social de la Iglesia. Estas reflexiones centran su atención en la dimensión ética del tema en cuestión”, todo avalado por el Arzobispo de Mendoza, José María Arancibia, como también por el Obispo auxiliar, Sergio O. Buenanueva.
En su declaración, la Pastoral aduce que existe un “progresivo deterioro de la convivencia ciudadana en Uspallata y la alteración de la paz social”.
Y lanza también: “Estos proyectos afectan profundamente la forma de vida de las comunidades de las zonas implicadas. Todos los vecinos han de ser escuchados. El Estado debe garantizar la plena libertad de expresión de los ciudadanos”.
Asimismo menciona que la actividad económica de ese pueblo se “verá afectada por el Proyecto. La minería supone el desarrollo de fuentes de trabajo. Surge, sin embargo, la pregunta por el alcance real y el carácter genuino de esta oferta laboral”.
Otros puntos cuestionados son:
“El cuidado del patrimonio histórico cultural de la zona entre los que se encuentran el Camino del Inca, hitos de la campaña libertadora Sanmartiniana y otros sitios arqueológicos de interés.
La posible contaminación de los acuíferos de la zona debido al uso contaminante de reactivos o sus derivados, en proporciones superiores a los límites establecidos en la legislación vigente.
La afectación de la calidad del aire a raíz del polvo en suspensión provocado por los movimientos de suelo y las voladuras.
La posible afectación de la flora y fauna autóctonas las cuales incluyen especies protegidas especialmente por la legislación vigente.
Resta, por último, una pregunta muy importante: ¿En qué medida nuestro Estado está en condiciones, en la actualidad y en un futuro próximo, de efectuar con eficacia los controles pertinentes, garantizando la calidad del agua, el ambiente y la cultura de los mendocinos? La experiencia ciudadana evidencia la pertinencia de esta pregunta”.