La polémica en Capital por los nombramientos que hizo antes de dejar su cargo el ahora exintendente Franco Aranda serán parte de una investigación judicial. El pedido de avanzar contra la gestión del ex jefe comunal lo hizo el fiscal Carlos Rodríguez, luego de que el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) presentara una denuncia por el ingreso de 97 personas a planta permanente sin concurso. Si bien se trata del requerimiento por parte del representante del Ministerio Público Fiscal, es un hecho que el juez Guillermo Adárvez, titular del Tercer de Instrucción, le dará curso al planteo, ya que el agente fiscal es el titular de la acción penal. Los delitos en la mira son estafa procesal, falsedad ideológica de documento público, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Según la denuncia que presentó el representante legal del sindicato de los municipales, Horacio Rodríguez del Cid, la gestión de Aranda incurrió en un delito al presentar un informe ante el magistrado Luis Arancibia, del Tercero Civil. Es que ante ese juzgado, el gremio había planteado un amparo por las versiones que circularon a fines de noviembre, que indicaban que el intendente Aranda se encaminaba a producir traspaso de contratados a la planta permanente. Incluso, el abogado incorporó como prueba la nota de DIARIO DE CUYO, en la que el entonces jefe comunal indicaba que no descartaba sumar personal a la comuna. El amparo no prosperó, ya que tras un pedido de informe emitido el viernes 6 de diciembre, la representante legal del municipio, Grace Ann Bridge, le indicó al magistrado que se trataban de rumores y que "el intendente no ha emitido acto administrativo alguno de nombramiento de persona alguna en la planta permanente".

Según SUOEM, ese documento presenta serias irregularidades, ya que, el lunes por la mañana, personal gremial pudo constatar que Aranda había firmado un decreto de designación en planta permanente el 5 de diciembre, es decir, un día antes de la respuesta de la comuna al juez. Incluso, ese decreto designa a Bridge como jefa de legales de la comuna. Además, un día después, el 6 de diciembre, el todavía jefe departamental firmó otros diez decretos nombrando en cargos efectivos a 97 personas más, entre los que se encuentra, según el gremio, agentes de la planta política del exintendente. De esa manera, las incorporaciones se produjeron un día antes y el mismo día en el que desde el municipio le negaron dichos ingresos al juez Arancibia. Para Rodríguez del Cid, "Aranda le mintió a la Justicia y si bien la comunicación al magistrado lleva la firma de Grace Ann Bridge, ella responde por mandato del intendente". Según la denuncia que presentó el abogado del gremio en la Fiscalía, "los decretos de designación fueron dictados por el intendente y llevan la firma de Pablo Sales, Sandra Orellano, Karen Achilles y Federico Noguera", los secretarios de Servicios Públicos, de Hacienda, de Turismo y Cultura y de Obras, respectivamente.

Por otro lado, Rodríguez del Cid recordó que para cubrir vacantes en el plantel del municipio se debe efectuar un concurso de antecedentes y oposición, tal como lo establece el Convenio Colectivo de Trabajo al que está adherida la comuna de la Capital, mecanismo que Aranda no promovió, según destacó el abogado. El fiscal Rodríguez pidió la apertura de la causa y una serie de medidas (ver dato). De acuerdo al Código Penal, el delito de estafa procesal contempla una pena de un mes a seis años de prisión.

Pedido
 

El fiscal Rodríguez le pidió el juez Adárvez que solicite copias de los decretos de designación en la Capital y del expediente que se tramitó en el Tercer Juzgado Civil. Con esos elementos, solicitó que llame a indagatoria a los involucrados que surjan.

Pidieron la detención del exintendente José Castro

La titular de la Fiscalía Correccional N´5, Claudia Salica, pidió ayer la detención contra el exintendente de Angaco, José Castro. El exjefe comunal quedó imputado por los delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Además, está en la mira por coacción contra un empleado, al igual que el jefe de Obras y Servicios, Walter Funes,

Todo comenzó el 18 de octubre cuando los concejales Valeria Garay, Alberto Fernández, Mario Pachero y José Risueño denunciaron a Castro por utilizar maquinarias y a tres empleados del municipio en un terreno en Chimbas. Dos de los obreros que estaban trabajando en el predio son de planta permanente mientras que el tercero era un contratado. Rodrigo Vedia era quien manejaba la máquina y en su testimonial ratificó lo que denunciaron los ediles. Además, dijo que mantuvo una reunión con Funes, el secretario de Obras y Servicios, quien le manifestó lo que quería que expresara en la declaración. "Quiero que digas que te equivocaste de calle", le indicó Funes a Vedia para sostener que las tareas se realizaron por error en el terreno de la polémica. Pero el empleado se negó a dar tal versión, según consta en el expediente. Luego se juntó con Castro, quien le pidió lo mismo que Funes. Cuando Vedia se negó a mentir, el exintendente le dijo: "Quedate tranquilo que te voy a otorgar la categoría de maquinista", indicaron fuentes judiciales.

La fiscal entendió que tanto Castro como Funes pretendieron intimidar al empleado para favorecerse en el proceso. Por eso, los imputó por coacción. El exintendente, además, está bajo la lupa por el uso de bienes en un predio ajeno a la órbita municipal.

Tras la denuncia, Salica le había solicitado medidas previas al juez Benedicto Correa y, luego de obtener los elementos, pidió abrir la causa contra Castro.