El dique Los Caracoles, ícono de la obra pública y de los paisajes sanjuaninos, vuelve a estar en la mira por presuntas irregularidades en los fondos utilizados para su ejecución. No es un hecho aislado, sino otro dolor de cabeza en una terrible madeja de traspiés a lo largo de casi dos décadas.

Desde sus inicios, la obra transitó una trama complejísima y de novela para su ejecución. Comenzó con una licitación por una megaobra clave para San Juan: dos diques, Caracoles y Punta Negra. Una adjudicación llamativa y unas tareas que comenzaron lentamente. La aprobación de un subsidio provincial para las empresas que se hizo ocho días antes de un cambio de gobierno. Quejas por parte de los privados porque entendían que el Ejecutivo no estaba cumpliendo con lo pactado en el contrato. Una provincia en llamas, afectada por una crisis económica, que derivó en que los empleados estatales pasaran cuatro meses sin percibir su sueldo. El ofrecimiento del empresario a cargo de hacer los diques para pagar parte de esos sueldos atrasados. Dudas en el avance de la obra y una decisión de la administración de turno para cambiar las reglas de juego con las empresas. Una comisión investigadora de Diputados que derivó en una denuncia penal por presuntas irregularidades la licitación y una diferencia entre lo pagado y lo ejecutado hasta ese momento que superaba por poco los 40 millones de dólares. Juicios cruzados entre la provincia y los privados. Otro cambio de gobierno y un acuerdo para avanzar en las tareas dejando los reclamos de lado, con un informe del Tribunal de Cuentas recomendando no firmar hasta aclarar el desfasaje de precios. Un dique, Caracoles, que avanza en su construcción. La resolución de un magistrado, sobreseyendo a los empresarios de la investigación penal, al determinar que no hubo estafa en la ejecución de las tareas, horas antes de anunciarse el acuerdo para iniciar el segundo dique: Punta Negra. El corte de cinta del dique Caracoles por una presidenta, 10 años después de iniciados los trabajos, y otro corte de cinta por el segundo dique siete años después, por la misma presidenta. Un exministro todo poderoso detenido por el manejo de la obra pública nacional y una carta a un exgobernador indicándole que tenga cuidado cuando lo llamen a declarar por los diques, entre otras cosas. Una nueva auditoría sobre los diques por otra comisión de Diputados y un nuevo pedido de investigación judicial por un presunto perjuicio fiscal para la provincia de, nuevamente, los mismos poco más de 40 millones de dólares.

La complicada trama que encierra a la construcción del dique Caracoles, no termina ahí ya que resta conocer si el pedido que hicieron los legisladores opositores en el último día del 2018 llega finalmente a Tribunales, para determinar si existió perjuicio fiscal en 2004 y su hubo responsabilidades de los funcionarios públicos al firmar un acta acuerdo con las empresas para continuar con la construcción de los diques, a cambio de dejar de lado los reclamos judiciales entre las partes.

Lo que también resta conocer es si la oposición de hoy, tuvo o no en cuenta la resolución del Juez Leopoldo Zavalla Pringles, que al sobreseer en diciembre de 2008 a los empresarios por la denuncia de los antiguos legisladores, indicó que "todas las entregas de dinero tienen soporte contractual" y que el informe de 2004 del Tribunal de Cuentas no determinó si hubo perjuicio fiscal, elemento fundamental para comprobar la existencia de un fraude.

Es más, el oficialismo actual de Diputados, liderado por Eduardo Cabello, indicó en su dictamen del 31 de diciembre pasado que "al ser aprobadas las actas entre la provincia y los privados por la ley para avanzar con las obras, tácitamente se interpreta que se ha satisfecho la observación vertida por el órgano auditor, ya que después de todo el tiempo transcurrido, el Tribunal de Cuentas no ha incoado al Poder Ejecutivo". 

El valor inicial para realizar los dos diques ascendía a unos 300 millones de dólares

Además de los legisladores actuales de la oposición, encabezados por la basualdista Susana Laciar, la trama de la construcción del dique Caracoles tiene varios protagonistas conocidos, como el representante de la empresa Panedile, encargada de la obra, quién en 2002 ofreció pagar parte de la deuda a los empleados estatales. Hugo Dragonetti, tuvo un enfrentamiento con la exlegisladora Delia Pappano en la Cámara de Diputados. La diputada, que presidía la primera comisión auditora, lo inmortalizó al llamarlo "Ladroneti", por la presunta millonaria diferencia detectada en la obra. El empresario, en una entrevista exclusiva a DIARIO DE CUYO realizada en junio de 2016, sostuvo que recuerda con cariño el sobrenombre, pero que le molesta si se lo nombra así en público. Además apuntó que se arrepintió de haberle ofrecido al gobernador Alfredo Avelín pagar los sueldos y que sostuvo que la empresa no se quedó con ninguna plata, es más, dijo que no le reconocieron gastos que hizo por 10 millones de dólares.

La comisión de obra pública de Diputados, también evaluó tareas como el Centro Cívico

Quién realizó la primera licitación para la construcción de los dos diques fue el exgobenador Jorge Escobar en 1996. Mientras que dos años más tarde la obra se terminó adjudicando al grupo AES-Panedille, operadora, y CPC, constructora. La comisión investigadora fue creada en el gobierno de Wbaldino Acosta y fue José Luis Gioja quien llegó a un acuerdo con las empresas para retomar los trabajos caídos. El convenio que derivó en la salida de AES y la incorporación de Techint, quien junto a Panedile, finalizaron los dos diques.