Relatos de torturas con picana con la víctima atada y encima encapuchada, simulacros de fusilamientos, golpes con bolsas de arena, sesiones de submarino en las que la persona era introducida en un tacho con agua hasta que sentía que los pulmones le iban a reventar son, entre otras, algunas de las historias que, desde el pasado 7 de noviembre, se han podido escuchar en este primer megajuicio por delitos de lesa humanidad cometidos en San Juan durante la última dictadura militar que se lleva adelante en el edificio del Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan.

Cuando está llegando al final el 2011, este proceso se ha convertido en uno de los hechos más destacados del año y, según sus protagonistas, está demostrando hasta ahora, cuando todavía faltan varios meses de audiencias más a partir de febrero del año que viene, cómo operó el terrorismo de Estado en San Juan, qué lugares sirvieron como centros de detención y tortura y qué fuerzas participaron.

De un total de unas 300 víctimas que se calcula que van a brindar su testimonio, hasta ahora han sido 8 las que han relatado sus duras vivencias y lo que pudieron recopilar de los relatos de otras personas. Se trata de los hermanos, Margarita, María Julia y Eloy, nietos del ex gobernador de San Juan, don Eloy Camus, el comerciante Juan Neffa, el profesor Daniel Illanes y los hermanos Jorge y Víctor Carvajal. Estos últimos son hermanos de Alberto Carvajal, un dirigente comunista que murió en una sesión de torturas por la brutalidad de sus torturadores. Incluso hubo un testigo que era preso común en aquella época, Alberto Orlando Rivas, quien incluso con lágrimas en sus ojos, contó que vio cómo lo sacaron muerto a Carvajal de la sala de torturas en la cárcel de Chimbas.

Los imputados que están siendo sometidos a este proceso son Jorge Antonio Olivera, Osvaldo Benito Martel, Rolando Daniel Gómez, Horacio Julio Nieto y Alejandro Víctor Lazo. Había un sexto acusado, el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, quien fue apartado del proceso por decisión del Tribunal Oral Federal que integran los jueces Héctor Fabián Cortéz, Alejandro Waldo Piña y Raúl Alberto Fourcade. Fue porque una pericia médica determinó que no estaba en condiciones de afrontar el proceso.

Las causas que se están ventilando eran 4 y fueron unificadas. Se trata del caso de la desaparición de la joven María Ana Erize, tormentos a Hugo Ricardo Bustos, la muerte después de haber sido sometido a torturas a Alberto Carvajal y tormentos agravados a Margarita Camus. En el medio también estarán los casos de torturas a figuras como el gobernador José Luis Gioja. Los delitos que se les imputan son asociación ilícita, violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos agravados, tormentos seguidos de muerte y homicidios agravados. Los acusados pueden llegar a sufrir penas de hasta prisión perpetua si son encontrados culpables.

Las partes
Para el fiscal Mateo Germán Bermejo, quien junto con Dante Vega forman parte del Ministerio Público Fiscal, hasta ahora los testimonios han confirmado ‘la actuación de un aparato represivo y el funcionamiento de centros clandestinos de detención‘. Mencionó los casos de La Marquesita, la antigua Legislatura y el Penal de Chimbas. ‘La Central de Policía funcionó como un lugar donde los detenían transitoriamente y después los derivaban‘, aclaró.

Y sobre los circuitos de los detenidos precisó que ‘las personas eran llevadas en primer lugar a la Legislatura o a la Central de Policía, y después generalmente al Penal de Chimbas y suponemos que en algunos casos a La Marquesita‘. Sobre este último sitio indicó que ‘muy pocos de los que estuvieron allí lograron sobrevivir‘.

En cuanto a las fuerzas que intervenían mencionó al Ejército, Policía de San Juan, Policía Federal y Gendarmería, ‘estos últimos con función de custodia y no parecen haber tenido hasta este momento al menos un papel clave en la represión‘, indicó. Para el abogado querellante Fernando Castro, hasta ahora ha quedado demostrada ‘la estructura de mando y los objetivos de aniquilación de personas a través de una metodología totalmente clandestina‘.

‘Además, se ha probado que San Juan no fue ajena a una situación generalizada en el país que apuntaba al exterminio de personas con el pretexto de defender un estilo de vida basado en una ideología determinada‘.

Maximiliano Páez Delgado, abogado defensor, sostuvo que ‘desde el punto de vista técnico, hasta ahora no se ha alcanzado a probar ninguna vinculación concreta de los acusados con los hechos que se les imputan y que exige el Código de Procedimientos‘.

Olivera, el único de los acusados que habló, negó toda vinculación con los delitos que se le imputan.