Buenos Aires, 20 de octubre.- La jueza penal porteña Elsa Rosa Parrilli, que insultó y discriminó a dos empleadas de tránsito, quedó muy cerca del juicio político ya que la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura local aprobó hoy abrir el proceso de remoción, que debe ser ratificado por el plenario del organismo.
Por unanimidad, los tres integrantes de la Comisión dictaminaron que Parrilli vaya a juicio político por la causal de mal desempeño de sus funciones, al considerar que el maltrato a las empleadas de tránsito afecta la investidura que un juez debe tener.
La decisión de la Comisión debe ser ratificada por el plenario
de nueve miembros del Consejo para que Parrilli vaya a juicio
político.
El presidente de la Comisión, el juez Gabriel Vega, pidió que
el dictamen contra Parrilli se incluya en la reunión del plenario
de este jueves para su tratamiento.
El plenario del Consejo puede confirmar el inicio del juicio
político, pero también puede optar por aplicar a Parrilli una
sanción disciplinaria o rechazar la denuncia.
En caso que Parrilli vaya a juicio podría ser destituida como
jueza e imposibilitada de volver a ocupar cargos en el Poder
Judicial si es encontrada culpable.
Al mismo tiempo, la magistrada tiene abierta una causa penal
en la que un fiscal de la ciudad pidió que sea juzgada por los
delitos de amenazas y discriminación.
Parrilli, titular del juzgado penal, contravencional y de
faltas 28 de la ciudad, el 15 de septiembre fue grabada por una cámara en la playa de infractores ubicada en el cruce de 9 de Julio y Sarmiento mientras insultaba a dos empleadas, cuando había ido a retirar su vehículo que había sido trasladado hasta allí por mal estacionamiento.
"Todas morochas, ni una rubia contratan", gritó la jueza a las
empleadas, a quienes calificó de "tontitas" y amenazó con
encarcelarlas, mientras se jactó de que nunca pagaba las multas.
Los integrantes de la Comisión, Vega, Liliana Blasi y María
Teresa Moya, concedieron que la actitud de la jueza es contraria a la que deben tener los magistrados y rechazaron los argumentos que Parrilli había presentado en su defensa.
"Creemos que los hechos que están en el video revisten la
suficiente gravedad para afectar el decoro que la investidura de un magistrado tiene y que, además, tienen la entidad suficiente para provocar el proceso de juicio político", explicó Vega en diálogo con DyN.
La jueza afronta también una investigación en la justicia
penal, donde el fiscal Angel Carestia pidió que vaya a juicio por los delitos de amenazas y discriminación, que prevén penas máximas de prisión de hasta dos y tres años, respectivamente.
Pero Parrilli pidió suspender el juicio y en su lugar pagarle
5 mil pesos a cada una de las empleadas de tránsito agredidas,
Rocío Marlene Gómez y María Itatí Albe, hacer tareas comunitarias y entregar su registro de conducir por un año.
La decisión está en manos del fiscal, que puede oponerse al
planteo de Parrilli e insistir con el juicio oral.
Las dos denuncias contra la jueza habían sido presentadas por el ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro.