La ley de ART sancionada a fines de 2017 para disminuir la litigiosidad laboral en la provincia actualmente está frenada. En la gestión uñaquista señalaron que la traba se debe a que la Superintendencia de Riesgos de Trabajo de la Nación (SRT) no ha firmado un convenio marco clave con el Ejecutivo local, el cual permitirá abrir más organismos encargados de determinar el nivel de incapacidad de las personas que sufren una lesión en sus puestos de trabajo y fijar la remuneración que las aseguradoras deben pagar. De esa manera, habrá una mayor rapidez para la atención de los trabajadores, ya que la provincia cuenta hoy con una sola oficina, la Comisión Médica 26. En el Gobierno pretenden que se instalen tres, una de ellas en Jáchal, con el objetivo de contener a los requerimientos de empleados de la actividad minera. Las restantes apuntan a estar distribuidas en Rawson y Rivadavia. Pero el panorama se vislumbra difícil en el delicado contexto económico nacional, ya que más organismos implican la contratación de mayor cantidad de personal y conseguir locales para la atención.

El ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, confirmó que la norma no está operativa por la falta del acuerdo con la Nación, tal cual está establecido en el artículo segundo del texto. El alfil uñaquista explicó que mantuvieron diálogo con las autoridades de la SRT a principio de año para avanzar con la apertura de nuevas comisiones médicas, pero que no se concretó. Según Gattoni "hay buena predisposición, pero tras el pedido de abrir nuevas dependencias en Jáchal, Rawson y Rivadavia, no volvimos a tener comunicación".

La nueva ley de ART fue promovida por la administración macrista y en San Juan fue impulsada por la diputada basualdista Susana Laciar, aunque el oficialismo también venía trabajando en el tema. Inclusive la legisladora presentó un pedido de informe ante la falta de puesta en práctica de la norma. La misma implica un cambio a la hora de iniciar un reclamo por un accidente laboral. Cada persona que sufre un siniestro deberá ir obligatoriamente hasta la Comisión Médica para ser evaluado y de aceptar la resolución dictada por el organismo, no tendrá la posibilidad de hacer un reclamo judicial, algo que actualmente si está permitido.

Según los datos aportados por la SRT, en las provincias donde funciona la ley ha bajado considerablemente el nivel de litigios. En todo el país, entre enero y mayo de este año disminuyó un 34 por ciento la cantidad de juicios laborales por accidentes de trabajo con respecto al mismo período de 2017. En San Juan, en los primeros tres meses del año se iniciaron 54 expedientes judiciales contra las aseguradoras y la meta, de acuerdo a los parámetros nacionales, es que se reduzcan a sólo 35.

La norma cayó bien en la Justicia Laboral local. En su momento, el juez Mariano Ibañez, titular del Primero del Trabajo, sostuvo que la aplicación de la medida sería muy beneficiosa, ya que en su juzgado, de todas las resoluciones emitidas, la tercera parte pertenecen a juicios contra las ART.

La norma que se sancionó el año pasado también fue promovida por el sector industrial local. Sucede que al bajar el nivel de litigiosidad de los trabajadores, disminuye la alícuota que las empresas pagas a sus aseguradoras, indicaron desde el sector. Actualmente, el porcentaje promedio que las firmas pagan de su masa salarial a las compañías ronda el 7 por ciento. Con la ley calculan que podrán achicar ese número a la mitad.
 

Otro mecanismo

Conciliación

El Gobierno apuesta al Sistema de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo), que establece dicha instancia entre el trabajador y el empleador dentro de la Subsecretaría de Trabajo.