Pese a las negociaciones con autoridades nacionales, los alfiles de la gestión uñaquista no tuvieron respuestas concretas sobre una propuesta para la devolución de la deuda que Vialidad Nacional tiene con la provincia y con el paso del tiempo las chances se han reducido al mínimo. Por eso, desde Fiscalía de Estado mandaron el viernes una carta documento con la firma del gobernador Sergio Uñac para intimar al pago en 15 días de parte del saldo en rojo: 880 millones de pesos. De no tener ninguna señal, el gobierno sanjuanino está habilitado a presentar una demanda judicial para recuperar la plata, embestida que dependerá de una decisión política.

La deuda es más abultada, ya que según los cálculos oficiales hay otros 3.120 millones de pesos. Se trata de convenios por rutas nacionales (como la 40 Norte y la 149) que financió la provincia para que no se frenaran las tareas y se mantuvieran los puestos laborales y fondos que la administración macrista iba a destinar en caminos provinciales. El fiscal de Estado, Jorge Alvo, explicó que ese monto, más los intereses, va por otro camino más largo. Al tratarse de un procedimiento administrativo, señaló que están trabajando en la presentación del reclamo y la Nación tiene 90 días para contestar. Si no lo hacen, queda el planteo de un pronto despacho, el cual tiene un plazo de respuesta de 45 días. En el caso de que aún así no haya novedades, recién ahí queda liberada la acción judicial. Es la misma situación que atraviesa el Ministerio de Gobierno, al que la Nación le adeuda el mantenimiento de los presos federales (Ver recuadro). 

Alvo resaltó que en la obligación por los 880 millones de pesos es un mecanismo distinto, dado que Vialidad "ha reconocido la deuda y en un convenio se establece la forma de pago", el cual no se ha cumplido. Por eso, la vía fue la intimación para la cancelación a través de una carta documento que fija un plazo de 15 días. Ante la carencia de respuestas, quedará libre el camino de la Justicia. El saldo en rojo proviene de un monto mayor de 2.200 millones de pesos, el cual la administración de Cambiemos se comprometió a abonarlo en cinco cuotas iguales. Las tres primeras se pagaron entre fines del año pasado y principios de éste, pero las dos restantes (de 880 millones en total) nunca se cancelaron. El ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, ha venido encabezando reuniones para recuperar ese monto y el resto de las obligaciones nacionales y el último encuentro que tuvo fue a fines de julio de este año. El resultado no fue alentador, ya que el funcionario había manifestado que "hubo conversaciones que no configuraron una propuesta que pudiéramos considerar". También le había pedido al secretario de Provincias del Ministerio del Interior, Alejandro Caldarelli, que intercediera con autoridades del Ministerio de Hacienda de la Nación y de Vialidad para tratar de llegar a una oferta. Pero después no hubo nada, se desencadenó el planteo formal por parte de la deuda y quedó a tiro la presentación judicial.

Fiscalía de Estado demandó hace unos días a la Nación, junto a otros 12 representantes provinciales, por la reducción en las arcas locales de los montos de los impuestos coparticipables de IVA y Ganancias tras una serie de medidas que lanzó la gestión macrista luego de quedar relegada ante el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández. La embestida fue acompañada de una cautelar para frenar la baja en los recursos para el Estado sanjuanino (Ver aparte).

IVA y Ganancias
 

El 26 de agosto, la provincia le pidió a la Corte Suprema de Justicia, a través de una cautelar, la suspensión de los decretos que sacó el presidente Macri sobre los impuestos a las Ganancias e IVA que implican una pérdida de 1.250 millones de pesos para las arcas locales. Fue con una demanda de inconstitucionalidad.

Total

4 Mil millones de pesos es lo que le reclama la gestión uñaquista a la Nación por la deuda de Vialidad. El monto incluye intereses.

Presos federales

En julio del año pasado, el Ministerio de Gobierno le dio de baja al convenio que mantenía con Nación por el cual el Servicio Penitenciario local se hacía cargo de la contención de los presos federales. Es que durante 21 meses el Ministerio de Justicia de la Nación no se hizo cargo del canon que había acordado con el Ejecutivo sanjuanino, por lo que se generó una deuda que asciende a los 60 millones de pesos. El ministro Emilio Baistrocchi dijo que hace dos semanas presentaron cuatro pronto despacho para el pago de las sumas adeudadas entre 2017 y 2018. El funcionario dijo que el tema lo vienen trabajando con Fiscalía de Estado y que tras la movida, la Nación tiene 45 días para dar una respuesta. En el caso de que no lo haga, queda liberada la posibilidad de realizar la demanda correspondiente. Pese a la baja del convenio, Baistrocchi dijo que "recibimos presos federales porque estamos intimados por el juez federal". Según datos oficiales a julio de 2018, en el Penal de Chimbas hay 219 detenidos, entre condenados y procesados, que dependen del Ministerio de Justicia de la Nación por haber cometido delitos de competencia nacional. Entre esos criminales hay apresados por narcotráfico, lesa humanidad, trata de personas y contrabando, entre otros.