No sólo pidieron que se abra la investigación para determinar si hubo una maniobra delictiva en la venta de dos plazas del Barrio FOEVA sino que también fueron con los tapones de punta contra todos los que participaron de las transferencias. Las fiscales Ana Lía Larrea y Claudia Salica le solicitaron al juez Benito Ortiz que indague al gremialista Blasco Novaro; a Ivana Oliver Balaguer, quien recibió del sindicato los terrenos como pago por la prestación de servicios y a las cinco personas que luego los compraron, Sergio Irimia Cadenas, Adrián y Gabriel Nassimof, Daniel Quiroga y Juan Carlos Lirio. Bajo la lupa está una de las modalidades de la estafa, el desbaratamiento de derechos acordados. Es que si bien los inmuebles con el tiempo se convirtieron en espacios verdes, estaban reservados al municipio de Rivadavia para equipamiento (escuela, centro de salud, comisaría, por ejemplo) y terminaron en manos privadas.

No obstante, será el magistrado, una vez que reúna las pruebas, el que definirá si indaga a todos los implicados, a algunos u otros que surjan de la investigación. Pero las fiscales además pidieron otras medidas. La primera de ellas es realizar una inspección ocular en las dos plazas: una es la que se denomina en el plano de construcción del barrio como Fracción A, la cual estaba reservada para una escuela. La otra es la llamada Fracción C, que primero estaba destinada para puesto policial y estafeta postal y luego, en el plano de mensura, sólo figura como superficie reservada. Esta última fue cerrada por Lirio, quien la compró, por lo que Larrea y Salica solicitaron que se levante el cierre perimetral. Otra de las acciones requeridas al juez es que ordene que el municipio mantenga y cuide las plazas y se lleve a cabo una encuesta entre los vecinos. La última es que el magistrado dicte una cautelar y envíe la información al Registro Inmobiliario provincial que los terrenos se encuentran en un conflicto judicial para que no se pueda disponer de ellos.

La denuncia la presentó el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, luego de hacerse eco del reclamo de los vecinos y de reunir todos los elementos del proceso administrativo en diferentes oficinas públicas. Si bien el alfil uñaquista en el escrito no acusó a protagonistas con nombre y apellido, sí mencionó quiénes intervinieron en las operaciones y sí cargó contra el gremio FOEVA. Sobre este último punto, resaltó que la entidad conservó los predios a su nombre y violó el Código de Edificación "al transferir por donación los espacios ya reservados y comprometidos para equipamiento a la municipalidad".

Con esa base, las fiscales avanzaron a fondo y pidieron la indagatoria de Novaro, secretario de Finanzas del sindicato. De acuerdo a un acta de 2009, el gremialista tenía la misión de hacer los trámites para donar una parte de la plaza llamada "Fracción A" a un centro de jubilados (que se concretó) y la otra al municipio, cosa que no se hizo. Ese espacio verde más el que tiene el nombre de "Fracción C" se entregaron, entre 2014 y 2015, a Ivana Paola Oliver Balaguer a cambio de servicios prestados, equivalentes a casi 270 mil pesos. La mujer a su vez vendió en un millón de pesos el primer inmueble a Irimia Cadenas, Adrián y Gabriel Nassimof y Quiroga. Y el segundo a Lirio en 300 mil pesos. Sobre ellos también hay una solicitud para que sean indagados.

Por dentro. Una de las plazas del Barrio FOEVA fue cerrada por quien la compró, Juan Carlos Lirio, quien encaró las obras para un emprendimiento inmobiliario. Las fiscales pidieron que se levante el cierre y que el municipio mantenga el predio.

Descargo
Luego de que el caso estallara, Blasco Novaro habló junto con su hijo Alejandro, abogado de FOEVA. Este último dijo que si la entrega de los terrenos no estuvo dentro de la ley, tan sólo hubo un error, que el gremio no actuó de mala fe y que la Justicia deberá determinar si corresponde una sanción penal.

Transferencia

270 Mil pesos fue el monto de la operación por la entrega de las dos plazas a cambio de trabajos que había realizado Ivana Oliver Balaguer para FOEVA.

Cambio de postura en Rivadavia

Cuando los vecinos del Barrio FOEVA se quejaron por el cierre de una de las plazas, el intendente Fabián Martín impulsó una ordenanza para expropiarla, ya que Juan Carlos Lirio había mostrado el título de propiedad. La norma municipal fue aprobada por unanimidad, pero en el Gobierno no cayó nada bien, ya que entendían que con la medida se estaba reconociendo la titularidad del inmueble y que no se puede expropiar algo que estaba reservado desde su origen para su uso público. Tras reuniones con el ministro Baistrocchi y representantes de Fiscalía de Estado, el jefe comunal tomó la decisión de ser parte querellante en el proceso y de dictar una resolución para suspender la ordenanza. Es más, señaló que buscarán la vía judicial para recuperar los terrenos y que mientras tanto harán un planteo para la tenencia provisoria del terreno. En cuanto al freno a la norma, indicó que es tener un plan B, la expropiación, por si la Justicia llega a otro resultado.