Buenos Aires, 8 de enero. La jueza federal en lo contencioso administrativo Mara José Sarmiento hizo lugar a un pedido de la Coalición Cívica y el PRO para interrumpir provisoriamente la conformación del Fondo del Bicentenario y lo supeditó a la intervención del Congreso.
As lo informaron fuentes judiciales, que anticiparon que la medida fue dispuesta en el marco de una causa impulsada por los legisladores nacionales Federico Pinedo (PRO), Patricia Bullrich y Alfonso Prat Gay (Coalición Cívica).
‘Ordeno la suspensión inmediata de los efectos del decreto 2010 dictado por la Presidenta de la Nación con fecha 14 de diciembre hasta tanto se cumplan los plazos constitucionales y legales (ley 26.122) que regulan el trámite y los alcances de la intervención del Congreso para los decretos de necesidad y urgencia‘, sostiene el fallo.
El gobierno ya anunció que apelará la medida.
La sentencia fue firmada antes de las 9 de esta mañana, es decir previo a la reunión del directorio del Banco Central que tena previsto, según trascendidos, dar los primeros pasos en la conformación del Fondo del Bicentenario.
La jueza fustigó "la injustificada premura del Poder Ejecutivo en ejecutar el decreto‘ pues ‘inhibe el juego institucional de la República, al tratar de evitar a rajatabla (a tal punto que hubo de dictar en el da de ayer un nuevo DNU removiendo de su cargo al presidente del Banco Central) la participación del Poder Legislativo".
‘Ordeno la suspensión inmediata de los efectos del decreto 2010 dictado por la presidenta de la Nación con fecha 14 de diciembre hasta tanto se cumplan los plazos constitucionales y legales (ley 26.122) que regulan el trámite y los alcances de la intervención del Congreso para los decretos de necesidad y urgencia‘, sostiene el decreto en su parte resolutiva.
El fallo fue firmado antes de las 9 de esta mañana, es decir previo a la reunión del directorio del Banco Central que tena previsto dar los primeros pasos en la constitución del Fondo del Bicentenario.
La jueza Sarmiento recordó que la Constitución limita la sanción de decretos de necesidad y urgencia "al caso de que existan circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes".
Ello "requiere la existencia de una imposibilidad funcional por parte del Congreso para desempeñarse como tal, imposibilidad que no parece configurarse en el caso habida cuenta de que el presidente tiene la atribución de convocar a sesiones extraordinarias cuando un grave interés de orden de progreso lo requiera", insistió la magistrado.
Pero contrapuso que "la situación de urgencia requerida por la Carta Magna para justificar el dictado de un DNU no surge ni de su articulado ni de sus considerandos".
"Es más, de estos últimos surge que no llevarse a cabo las acciones de política económica allí dispuestas se podrán constituir en un factor crucial que dificultara el crecimiento de importantes sectores económicos en el mediano y largo plazo, de lo que cabe deducir que los efectos no son en lo inmediato", añade la resolución.
La jueza justificó el dictado de la medida que frena la creación del Fondo del Bicentenario en que "de no dictarse la medida solicitada, los efectos que se produzcan por la ejecución del DNI podrán ser irreversibles ya que una hipotética derogación del decreto por parte de ambas cámaras del Congreso implicara revertir un proceso ya consumado".
El tribunal de apelación que deberá atender el recurso del gobierno estará integrado la semana próxima por los camaristas en lo contencioso administrativo Manuel Grecco, Juan López Castiñeiras y Néstor Buján, y desde el 18 de enero hasta el fin de la feria por Grecco, Marta Herrera y Clara Do Pico.
Por su parte, el diputado del PRO Federico Pinedo afirmó que la jueza Sarmiento en su fallo "le prohíbe al Ejecutivo incautarse de las reservas del Banco Central hasta tanto pueda intervenir el Congreso y analizar en las dos cámaras el decreto de la Presidenta, como dice la Constitución".
Para el legislador, la magistrada entendió que "en el caso no haba necesidad ni urgencia, porque en el mismo decreto se indica que (la Presidenta) toma la medida para evitar problemas a mediano y largo plazo y eso es contrario a urgente".
También analizó que Sarmiento "lo rebate al jefe de Gabinete Aníbal Fernández" quien desestimó la competencia de la Justicia en este caso y sostuvo que la jueza establece que "el que dicta la nulidad (de los decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo) es el poder Judicial.