Según las fuentes, el caso de la abogada Dora Lucrecia Abatidaga no tiene precedentes. No sólo el Foro de Abogados le sacó la matrícula hace dos años, impidiéndole ejercer la profesión en San Juan, sino que ahora la denunció penalmente por una presunta estafa a jubilados. ¿El motivo? Seguir con el mismo mecanismo por el que fue inhabilitada, cobrarles a personas montos de manera sistemática para iniciar trámites jubilatorios en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y nunca finalizarlos.

La denuncia fue expuesta ayer en la fiscalía de turno, a cargo de Claudia Salica, por el presidente de la entidad Marcelo Arancibia y el representante legal, Lisandro Rives Pintor. Además, a la causa se suma otra acusación contra una mujer que quiso matricularse con un título falso (Ver Recuadro).

Si la Justicia determina que Abatidaga realmente incurrió en el delito de estafa, puede aplicarle una pena que va entre un mes y seis años de prisión, por haber engañado a los jubilados.

La denuncia presentada ayer por el Foro radica en que el órgano que nuclea a los letrados tiene el ejercicio del control de la matrícula y el poder de policía para con los abogados de San Juan. Para el caso de Abatidaga, la abogada recibió, mientras estaba habilitada, múltiples sanciones por parte del Tribunal de Disciplina del Foro de Abogados, al punto que el cúmulo de causas concluyó en la expulsión del registro del Foro y la inhabilitación para ejercer la profesión en San Juan. Esa medida se hizo efectiva en febrero de 2016 y el oficio del órgano disciplinario todavía puede verse pegado en los pasillos de Tribunales. Pero a pesar de que la mujer fue sancionada, las denuncias de los jubilados siguen llegando al Foro, entidad que no puede aplicarle una sanción porque la letrada está excluida del registro.

Según explicaron fuentes calificadas, Abatidaga lleva años con la misma metodología y cuenta con una amplia cartera de clientes. Las personas que llegan a su estudio, piden iniciar un trámite en Anses y la abogada les cobra una comisión por la supuesta asistencia legal, gastos administrativos y seguimiento de los expedientes. Los montos varían en cada caso, pero pueden ir entre $100, $200 y hasta $500 pesos por cada visita.

En la denuncia que fue radicada ayer, el Foro aseguró que en los casos en que las sanciones disciplinarias fueron ordenadas, la abogada nunca efectuó trámite alguno ante la Anses e indicaron que desde que la mujer fue expulsada, al menos dos personas se presentaron en la entidad indicando que, a pesar de haber desembolsado dinero, nunca tuvieron respuesta de los trámites. Fuentes judiciales indicaron que la denuncia tomará curso la investigación, una vez abierta recaerá en el Quinto Juzgado de Instrucción, a cargo de Benedicto Correa.

Al ser consultado sobre el tema, el titular de la Unidad de Atención Integral local (UDAI San Juan), Rodolfo Colombo, recordó que no es necesario contar con el asesoramiento legal para iniciar un trámite en Anses, ya sea para jubilación o por reparación histórica, aunque el apoyo de un letrado no está prohibido.

¿Usó un título falso?

Junto con la denuncia presentada ayer contra Dora Lucrecia Abatidaga, el Foro de Abogados pidió que se inicie una investigación por el uso de un título trucho por una mujer que buscó matricularse en el Foro en el 2016.

La mujer sindicada es María Cecilia Conde que ese año se presentó en la oficinas del Foro de Abogados aportando la documentación necesaria para ser parte del acto de jura para los nuevos abogados de la provincia.

Según consta en la denuncia, Conde adjuntó un título emitido por la Universidad Siglo 21. Al recibir la documentación, la secretaria del Foro se percató que ese título era diferente a los otros presentados por otros postulantes recibidos en esa casa de altos estudios.

Las autoridades del Foro llamaron a Conde para aclarar el asunto y que en un movimiento fugaz, tomó el título y salió corriendo de la sede sin volver. Ante eso, en la entidad solicitaron información a la Universidad Siglo 21 que respondió indicando que la mujer tenía la baja académica, no poseía ninguna materia aprobada ni era egresada. Con esa información contundente, el Foro presentó ayer una denuncia penal.