El oficialismo amplió ayer su perspectiva de convertir en ley el proyecto de ley de medios, después que se conoció que dos legisladores, la radical correntina María Dora Sánchez, y el bussista tucumano Carlos Salazar, anticiparon que votarán a favor de la iniciativa.
Los anuncios sorprendieron a los bloques opositores que los contaba entre los legisladores que le harían fuerza al kircherismo para conseguir la modificación de algunos artículos de la norma que será debatida el viernes en el recinto de Senadores.
Entre tanto, integrantes de las bancadas continuaron ayer con reuniones informales para ajustar las estrategias que desarrollarán en las deliberaciones de mañana, que fueron convocadas para las 11 y se extenderán, según algunas previsiones, por una 20 horas, hasta avanzada la madrugada del sábado.
La primera mala noticia para los críticos del kirchnerismo la produjo la correntina María Dora Sánchez quien declaró que respaldará "en general y en particular" la propuesta oficial aprobada por la Cámara de Diputados debido a que "necesitamos un cambio en la ley de medios".
Los primeros sorprendidos por la definición pública fueron los integrantes del bloque radical, que encabeza Ernesto Sanz, acostumbrados a que la legisladora votara sin fisuras junto a la UCR durante los últimos años.
Sectores opositores descontaban que el cambio de posición de la legisladora pudiera deberse a que el gobernador Arturo Colombi, quien el último domingo perdió el ballotage frente a su primo Ricardo Colombi, mantenía conversaciones ayer con el gobierno para afrontar una situación financiera crítica en la etapa final de su mandato.
Entretanto desde Tucumán, el senador de Fuerza Republicana, Carlos Salazar anticipó que respaldará la sanción de la ley cuando se debata en general, aunque dejó abierta la posibilidad de definirse contra algunos artículos del proyecto que también son resistidos por la oposición.
La decisión de Salazar fue confirmada por el presidente de Fuerza Republicana, Ricardo Bussi, quien expresó que "los Bussi desde hace 20 años estamos siendo objeto de una campaña de desprestigio por partes de los medios masivos de comunicación, especialmente de Buenos Aires".
La nueva definición de Salazar cayó como otro balde de agua fría en el interbloque Federal, del justicialismo disidente y partidos provinciales, ante quienes el tucumano había firmado un documento en que expresaba que el proyecto oficial presentaba "serias discrepancias políticas, institucionales y constitucionales".
Carlos Salazar, incluso, no firmó el dictamen mayoritario, pese a que tuvo la oportunidad de hacerlo en "disidencia parcial" como integrante de las comisiones de Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Industria y Comercio. El legislador no acercó ninguna explicación a su cambio de posición.
El radicalismo y sus aliados del Acuerdo Cívico y Social, que incluye al socialismo, analizaron la eventualidad de concentrar las críticas en varios artículos del proyecto oficial, como el 161 que contiene la llamada cláusula de desinversión, que estipula el plazo el plazo de un año para que los medios se adecúen a las nuevas exigencias de la ley, y muchos de ellos deberán ser vendidos de emergencia.