Los recursos no lo permiten y tampoco se lo permitieron a ninguno de sus cuatro antecesores, incluido el que lo firmó y lo puso en vigencia, Javier Caselles. Ahora, mientras el conflicto con el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) recrudece, el jefe comunal y sus funcionarios están concentrados en buscar el camino menos problemático para derogarlo y armar uno nuevo que sí se pueda aplicar. Lo podría hacer en una paritaria, pero como el gremio no se quiere sentar y eso supone una ebullición mayor, evalúa hacerlo por ordenanza o con un planteo judicial.
El Convenio Colectivo es la base del hervidero que se vive hoy en la Capital. Después de dos años de una pacífica convivencia, en noviembre el SUOEM pateó el tablero y plantó el primer paro. En febrero volvió a la lucha con medidas de fuerza, afectando la limpieza en la ciudad y exigiendo que se aplique la escala salarial del acuerdo, firmado en 1995 entre el gremio y el fallecido Caselles, cuando transitaba los últimos meses de su mandato.
En la práctica ha sido letra muerta. El propio bloquista no lo cumplió. Sin distinción de colores políticos, Daniel Coll (PJ), Alfredo Avelín Nollens (Alianza), Enrique Conti (Bloquismo) y Lima (PJ) tampoco pudieron, todos por la misma razón. Pasa que obliga a que los sueldos estén atados al Mínimo, Vital y Móvil o al sueldo del intendente y los que pasaron por el sillón de jefe departamental llegaron a la misma conclusión: implica una grilla salarial imposible de pagar -los empleados son más de mil- y que haría quebrar el esquema financiero del municipio (ver cifras).
Las fuentes confiaron que la decisión política de reformar el Convenio Colectivo y acomodarlo a las posibilidades económicas ya está tomada. Cueste lo que cueste, aseguran que Lima quiere avanzar aun cuando suponga un contraataque del SUOEM con más paros o acciones agitadoras. En realidad, nada nuevo frente a la estrategia de tirar basura en la ciudad en la gestión de Avelín o del propio Caselles o a la costumbre de Antonino D’Amico, el asesor letrado del gremio, se despachárse en el primer piso a los gritos contra funcionarios y secretarias.
Lima quiere buscar la vía que menos hervor levante, aunque ninguna ofrece garantía. Sin olvidar, claro, la misión de no perder crédito con los vecinos y apostar todas sus fichas a mejorar y garantizar la recolección de basura y la limpieza.
El Convenio Colectivo se fijó en paritarias y se podría reformar con el mismo mecanismo. Pero entre 1995 y la actualidad, hay un abismo de diferencias. La más importante, el gremio UPCN ganó afiliados en Capital, obtuvo un lugar en la mesa de negociaciones y el SUOEM perdió la exclusividad. A pesar de los fallos judiciales, los dirigidos por Manchineles y D’Amico se oponen a resignar poder y hace años que no quieren constituir las paritarias, que comparten además con concejales y representantes del Ejecutivo. Es decir, evalúan los funcionarios, un camino inviable y que demoraría las reformas estructurales.
Dos caminos
Hay dos alternativas que se barajan para evadir un camino tortuoso. La primera, mandar una ordenanza al Concejo para dejar sin efecto la que en 1995 ratificó el convenio y de ahí, abrir una instancia para armar uno nuevo. Es la más firme, confiaron en Capital. Aunque los ediles opositores prefieren la cautela para eludir la línea de fuego, hay conversaciones y en el oficialismo creen que juntan los votos. Sobre todo, porque la mayoría entiende que hace falta cambiar lo que se no se puede cumplir.
La otra es una acción declarativa en la Justicia. Sucede que el acuerdo nunca fue homologado por el Ministerio de Trabajo y eso lo deja sin el carácter de Convenio Colectivo. Y si la Justicia lo declara, perdería vigencia.
La escala salarial no es lo único a reformar. El convenio dice que el SUOEM es el único gremio con representación. Eso va contra la libertad sindical y los fallos de la Corte Suprema y el intendente también lo quiere reformar. De tiempos no se habla, ni siquiera por lo bajo. Dicen que la mejor oportunidad política será a estricto juicio del jefe comunal.