Dos años de prisión en suspenso, es decir que no irán a la cárcel, y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos electivos, que significa que ninguno podrá volver a ser candidato a un puesto político, es la sanción que acordaron ayer con el Ministerio Público Fiscal los 8 exconcejales de Rivadavia acusados de haber hecho maniobras irregulares con los fondos destinados a ayudas sociales, según dijeron fuentes judiciales. Las sanciones forman parte del pedido de juicio abreviado que formularon los exediles para evitar el juicio ordinario que iba a comenzar el martes 25.
El procedimiento del juicio abreviado, que implica que los acusados reconocen haber cometido los delitos que les imputan, a cambio de una sanción que acuerdan con la Fiscalía, todavía debe ser aceptado por los miembros de la Sala III de la Cámara Penal, que son los jueces Eugenio Barbera, Héctor Fili y Leopoldo Zavalla Pringles. Para ese fin todavía tienen que convocar a una audiencia, que aún no tiene fecha. Hasta ayer habían firmado el acuerdo la mayoría de los acusados, aunque tienen tiempo incluso hasta el mismo martes, previo al inicio del debate, que está programado para las 10, según dijeron las fuentes.
Las charlas con los acusados y sus abogados defensores las llevó adelante el fiscal Daniel Guillén, quien había sido convocado para colaborar con la fiscal Alicia Esquivel. En su momento, a Guillén le había tocado formular el requerimiento de elevación de la causa a juicio.
Abrumados por las pruebas en su contra y ante la incertidumbre de afrontar un juicio ordinario, en el que incluso les podría haber cabido una pena mayor, los exconcejales optaron por el juicio abreviado. También les sirve para evitar la alta exposición de un juicio oral y público, un tema que al parecer los tenía muy preocupados. Se trata de Carlos Reinoso, Nicolás Tejada, Juanita Guerrero, Lidia Zárate, José Páez, Isidro Díaz, Oscar Ruz y Cristóbal Liuzzi.
Pero, para los que siguen la carrera política, les significará que nunca más podrán ser candidatos a cargos electivos. Es el caso de Páez, que es delegado del Partido Bloquista por Rivadavia y actual secretario de Movilización en la conducción de la fuerza.
Otro que tiene actuación política es Nicolás Tejada, un dirigente político justicialista vinculado al senador Ruperto Godoy.
En el caso de Lidia Zárate, quien había llegado al Concejo con el partido Desarrollo y Justicia, de Jorge Abelín, volvió a su puesto en el municipio porque es empleada de planta permanente.
Carlos Reinoso, quien por aquel entonces era el presidente del Concejo Deliberante representando al bloquismo, está dedicado a su profesión de abogado. Ya había perdido un cargo de juez en el ‘97, denunciado por presunta extorsión.
Ruz, que había llegado al cargo de la mano del radicalismo, incluso llegó a ser funcionario de la intendenta Ana López de Herrera, encargado del área de Discapacidad, pero ya no está en el puesto, según confirmaron fuentes del municipio.
Otro caso particular es el de Cristóbal Liuzzi, también perteneciente a la filas de Desarrollo y Justicia, quien se radicó en España por problemas económicos. Según las fuentes, Juanita Guerrero e Isidro Díaz no habrían seguido actuando en política.
Los hechos que dieron origen a la investigación judicial tienen origen en la gestión del exintendente José Soria, actual diputado por el departamento. Durante el 2002, los ediles podían repartir, por ordenanza, entre 1.300 a 1.500 pesos mensuales en ayudas sociales. Cada concejal tenía una planilla con los montos y los nombres de las personas a las que ayudaban, pero una investigación del Tribunal de Cuentas determinó errores en la confección de las planillas y hasta la falsificación de las firmas y de las cifras que la gente recibía.
La causa tuvo distintas instancias, incluso en marzo iban a comenzar los debates, pero las defensas lograron frenar el llamado. La nueva fecha estaba prevista para el martes 25.