El juez civil Carlos Macchi empezó a defenderse en el proceso de destitución que se disparó en su contra por el escándalo de las expropiaciones y de movida, apuntó los cañones hacia el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, que fue quien lo denunció. Además de hacer su descargo ante el Jurado de Enjuiciamiento, el magistrado planteó en la Justicia ordinaria la inconstitucionalidad de la ley que habilita al funcionario a participar en el Jury como acusador y pidió que todo se suspenda hasta que se resuelva la cuestión. Como agregado, recusó a todos los magistrados del Poder Judicial.
Macchi decidió ejercer su defensa por dos vías. Por un lado, el miércoles contestó la denuncia que pesa en su contra en el Jurado de Enjuiciamiento. Por el otro, optó por llevar el caso a la Justicia ordinaria y el mismo día, presentó la acción de inconstitucionalidad en el Juzgado Contencioso Administrativo que dirige Adriana Tetamantti.
El objetivo de la acción judicial es apartar a De Sanctis del Jury. Pasa que una ley recientemente sancionada por Diputados habilitó al fiscal de Estado a intervenir como acusador especial en los procesos de remoción de jueces cuando se vea afectado el patrimonio de la provincia. Y como el escándalo de las expropiaciones implica una presunta estafa de millones de pesos contra la provincia, el funcionario podrá actuar (junto al fiscal General de la Corte o quien subrogue en su lugar) acusando al denunciado, pidiendo pruebas y hasta en lo alegatos.
El rol de los acusadores es vital. Esto, porque una vez que el denunciado contesta, el Jurado de Enjuiciamiento les corre vista para que le imputen o no causales de destitución o no. En caso afirmativo, el proceso avanza y crece el riesgo del juez de ser removido. De lo contrario, todo pasa a archivo.
Según explicó el abogado defensor de Macchi, Guillermo Toranzo, la ley es inconstitucional porque la Constitución no contempla que en los Jury exista un acusador particular y no le da atribuciones al fiscal de Estado para hacerse parte en el proceso. Además, sostuvo que no se puede aplicar en el caso de su cliente, porque “los hechos que se están investigados son anteriores a la vigencia de la misma”.
Junto a la acción de inconstitucionalidad, Macchi pide que Tetamantti ordene paralizar el Jury hasta resolver si corresponde que actúe el fiscal de Estado. Y, bajo el argumento de que la ley en discusión les compete a todos los jueces, presentó una recusación masiva para que entienda en el planteo un conjuez, es decir un abogado externo al Poder Judicial.
De Sanctis no quiso hablar del tema ayer, porque “no conozco el planteo que hizo”. Sin embargo, cuando se discutió la ley, el funcionario había dicho que el argumento opositor de que la Constitución no contempla su intervención en el Jury no es válido, porque la carta magna da un marco general y el procedimiento se regula por ley. Y como ejemplo, citó que la Constitución tampoco dice que deba participar como acusador el fiscal General.
El titular del Juzgado Civil Nº 5 quedó en el ojo de la tormenta el mes pasado, cuando De Sanctis lo denunció por su participación en 4 juicios de expropiaciones (ver aparte). El fiscal de Estado pidió su destitución, al considerar que fue parte activa y fundamental en al menos 30 anomalías que se tejieron para inflar el precio de los terrenos y así, estafar a la provincia en millones de pesos.
La que tiene la pelota ahora es Tetamantti, ya que debe decidir si se aparta, como pide Macchi, o si resiste. En este último caso, Toranzzo adelantó que irá a instancias superiores y así, la acción judicial podría tardar meses y hasta demorar el Jury.
Mientras tanto, Toranzo no quiso hablar de la contestación que presentó en el Jurado de Enjuiciamiento. Pero fuentes calificadas aseguraron Macchi también apuesta por esa vía a sacar del medio a De Sanctis. Lo recusó junto a los dos diputados que integran el tribunal, Pablo García y Marcela Monti. A estos últimos por ser del mismo color del Gobierno, que está impulsando la causa penal por las expropiaciones, a pesar que en la causales de recusación que contempla el Código de Procedimiento no aparece ninguna por pertenencia política.