De acuerdo a los plazos fijados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que conduce Germán Garavano, en noviembre se espera aplicar en San Juan el sistema acusatorio federal. El cambio, en el que la investigación de los delitos dejará de estar en manos de los jueces y pasará a ser potestad de los fiscales, ocurriría en el mismo plazo en el que está prevista la puesta en marcha del mismo mecanismo para la Justicia local. Así, habrá una modificación radical en la lucha contra la delincuencia, tanto en los delitos de competencia federal como los de jurisdicción provincial. Según lo que establece el nuevo mecanismo, los procesos serán orales, se dejarán de lado los expedientes escritos, las audiencias serán frente al juez, las víctimas tendrán más representación en las causas y las resoluciones de los litigios demandarán menos tiempo de lo que se requiere hoy. 

La aplicación del sistema acusatorio viene a dar respuesta a la modificación del Código Procesal Penal de la Nación, que fue sancionado a fines del año pasado y promulgado en enero. Las autoridades definieron que la puesta en marcha será en etapas, desde el Norte hacia el Sur del país, para culminar en Buenos Aires. Así, el Código comenzó a regir en junio en Jujuy y Salta y la segunda etapa cubre a Cuyo a partir de noviembre. Es más, el mes pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, jurisdicción de la que depende San Juan, creó la "Comisión para la implementación del Código Procesal Penal Federal en Cuyo", órgano que deberá avanzar en las tareas operativas para dar cumplimiento a la ley. Si bien hasta el momento se desconoce qué recursos serán destinados para que el sistema se inicie, fuentes judiciales reconocieron que deberán realizarse nombramiento de personal y también el acondicionamiento de edificios. 

Los jueces tendrán la facultad de controlar el proceso judicial.

Es más, las fuentes dieron como ejemplo que para el caso de Salta y Jujuy, las autoridades habilitaron la incorporación de 15 auxiliares fiscales, agentes que trabajan bajo la supervisión, dirección y responsabilidad del fiscal titular, y que algo similar podrá ocurrir en San Juan. 

Actualmente, el representante del Ministerio Publico Fiscal de la Nación es Francisco Maldonado. El funcionario es el Fiscal General ante el Tribunal Oral Federal (TOF) y, con la aplicación del nuevo Código, quedará en la cúpula de sistema acusatorio.

La justicia federal tiene a cargo la investigación de causas resonantes para la sociedad, como narcotráfico, evasiones al fisco, trata de personas, secuestros extorsivos y delitos de lesa humanidad. En su mayoría, se trata de expedientes complejos que con el sistema actual, escrito, su resolución demanda años en muchos casos. 

De acuerdo al nuevo Código, las causas tendrán tres etapas: preparatoria, acusación y juicio. En general, está previsto que la resolución de expedientes demande tres años, cuando en la actualidad hay causas que requieren el doble de tiempo. Un caso extremo es la investigación contra el actual rector de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Oscar Nasisi, por la muerte de Fernando Reinoso, un alumno que falleció tras recibir una descarga eléctrica en un aula del Departamento de Agrimensura de la Facultad de Ingeniería. El hecho ocurrió en 2010 y el titular de la casa de altos estudios fue procesado por el delito de homicidio culposo. El procesamiento fue confirmado por la Cámara, pero todavía no hay fecha de juicio.

SISTEMA ACUSATORIO

> Etapa preparatoria

Es la primera fase y tiene por objeto establecer si existe o no mérito suficiente para iniciar un juicio. El fiscal formará un legajo con una descripción de los hechos y deberá decidir, en 15 días, si formaliza la investigación. Si es así, tiene un año para investigar.

> Acusación

Una vez presentada la acusación formal, se llevará adelante una audiencia de control en la que intervienen todas las partes. La defensa podrá cuestionar la acusación e incluso instar el sobreseimiento o promover una probation, juicio abreviado o conciliación.

> Etapa de juicio

El debate será oral y público. Las resoluciones serán dictadas y fundadas verbalmente por los jueces. Todo el proceso, a partir de la formalización de la investigación, demorará, como máximo, tres años para casos comunes y seis para causas complejas.