Buenos Aires, 10 de diciembre.– El oficialismo y la oposición
acordaron hoy la distribución de las comisiones permanentes de la
Cámara de Diputados, por lo cual quedarían 20, de las 45 existentes, presididas por el kirchnerismo y sus aliados y las otras 25, en manos de bloques opositores.
De esa manera, el oficialismo se aseguró las presidencias de
las estratégicas comisiones de Presupuesto y Hacienda; Legislación General; Juicio Político y de Peticiones, Poderes y Reglamentos.
El oficialismo, también, se hizo con las comisiones
Comunicaciones e Informática; Educación; Transporte; Comercio; Minería; Intereses Marítimos; Pequeñas y Medianas Empresas; Defensa del Consumidor, entre otras.
Desde la conducción del bloque kirchnerista se
evitó dar precisiones sobre los diputados que encabezarán las
comisiones, aunque se descuenta que el santafesino Gustavo Marconato siga al frente de Presupuesto y Hacienda, porque la idea parece ser ratificar en los cargos a los legisladores que vienen ocupando los mismos.
La sorpresa fue la decisión de ceder al oficialismo la
presidencia de la Comisión de Legislación del Trabajo, que recaería en el laboralista y principal asesor de la CGT Héctor Recalde (FPV), lo cual dejó en el camino el economista de la CTA Claudio Lozano (Proyecto Sur), quien sonaba para ese puesto, pero la interna sindical parece haberse zanjado para el lado de la CGT de Hugo Moyano.
En realidad, los sectores de centro-izquierda esperaban una
embestida del kirchnerismo sobre las comisiones que a priori se
manejaban que eran para representantes de ese sector.
No obstante, lograron la presidencia de la Comisión de
Derechos Humanos y Garantías, que recayó en la ex kirchnerista Victoria Donda (diputada del Movimiento Libres del Sur, hija de
desaparecidos y nacida en la ESMA).
La oposición, además, consiguió, entre otras, las presidencias
de las Comisiones Asuntos Constitucionales (continuaría la ahora
peronista disidente Graciela Camaño), Relaciones Exteriores
(quedaría en manos del ex duhladista y ahora denarvaeista Alfredo
Atanasof); Justicia (el radical Ricardo Gil Lavedra); Legislación Penal (Juan Carlos Vega, Coalición Cívica) y Defensa Nacional (el
radical Julio Martínez).
También, se contabilizó la Comisión de Agricultura y
Ganadería, cuya pulseada entre radicales quedaría saldada para el
representante de CRA Ricardo Buryaile, sobre el pampeano Ulises Forte, dirigente de la Federación Agraria, Energía y Combustible, para Fernando ‘Pino’ Solanas, de Proyecto Sur; Seguridad Interior (Griselda Baldatta, Coalición Cívica) y Obras Públicas (el macrista Christian Gribaudo, quien debió resignar sus deseos de presidir la de Agricultura).
Con el acuerdo alcanzado, quedó desactivada la sesión del 16
de diciembre, dado que todo quedará sellado con una resolución
administrativa firmada por el presidente de la Cámara, el kirchnerista jujeño Eduardo Fellner, aunque se acordó pasar a un nuevo cuarto intermedio hasta el martes próximo para terminar de definir la nómina de cada comisión.
En la reunión, no se abordó la cuestión de las comisiones
bicamerales, entre ellas la de seguimiento de los Decretos de
Necesidad y Urgencia (DNU), que quedaron para más adelante.
La reunión, que estaba prevista para las 15, comenzó pasadas
las 19, con la presencia de representantes de la mayoría de los
bloques parlamentarios, lo que hizo pensar en lo intenso de las
negociaciones entre los distintos sectores.
Además, de las 20 comisiones presididas por el FPV, 7 son para
la UCR, 6 para el Peronismo Federal, 3 para la Coalición Cívica,
2 para el PRO, y 1 para cada bloque del ‘Peronismo Sin Patrones’,
que conduce Camaño; el socialismo, Libres del Sur, Proyecto Sur,
Diálogo por Buenos Aires, GEN y Frente Cívico de Córdoba.
De acuerdo con los cálculos efectuados se tratan de 809
nombramientos para la oposición y 636 para el oficialismo y sus aliados (grupos A y B, según la denominación propuesta por Patricia Bullrich).