La titular del Noveno Juzgado Civil, Elena de la Torre de Yanzón, resolvió hacer lugar a una demanda del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOEM) y condenó a la Municipalidad de la Ciudad de San Juan a pagar a unos 1.240 empleados las diferencias salariales adeudadas desde el 1ro. de enero de 2003.
En el gremio calcularon que el juicio va por los 40 millones de pesos, pero desde el municipio dijeron que por ahora no hay una estimación del monto que deberían pagar, aunque sería de varios millones de pesos. El jefe de Gabinete, Mario Herrero, adelantó que ya hay decisión de apelar el dictamen porque es de primera instancia.
El origen del conflicto se remonta al acuerdo salarial firmado en paritarias en 1995 entre el gremio y el entonces intendente Javier Caselles, ya fallecido, cuando transitaba los últimos meses de su mandato. Establecía que los sueldos quedaban atados al salario mínimo, vital y móvil o al ingreso del intendente, lo que fuera más conveniente para el empleado. Pero todos los jefes comunales que pasaron por el municipio desde entonces llegaron a la misma conclusión: que no se podía cumplir el acuerdo por falta de recursos.
Así pasaron Daniel Coll (PJ), Alfredo Avelín Nollens (Alianza), Enrique Conti (Bloquismo) y ahora Marcelo Lima (PJ), quien tampoco pudo cumplir con el acuerdo. Al punto que el último aumento a partir de marzo fue del 14 por ciento, más un 1 por ciento mensual hasta noviembre, "a cuenta" del acuerdo salarial.
No obstante las distintas gestiones que pasaron, el gremio inició una demanda en 2005 para que se cumpliera el Convenio Colectivo de Trabajo, según el acuerdo de 1995. Pero recién hubo resolución judicial ahora, con fecha del lunes 17 de mayo. Según las pericias que figuran en el dictamen, el desajuste se produjo en enero de 2003 y por eso la obligación de pagar las diferencias a partir de esa fecha.
En el municipio recién se notificaron ayer, cuando el abogado Juan Pablo Guimaraes concurrió a tribunales para tomar conocimiento de la decisión judicial.
Herrero, quien dijo que hablaba a título personal, calificó la resolución "como otra consecuencia de un convenio irresponsable que nunca se ha podido cumplir".
Y analizó que "los únicos beneficiados son los abogados, pero en algún momento habrá que sentarse a negociar un convenio que se pueda cumplir".
La referencia a los abogados es porque la decisión legal establece que los abogados del gremio, Antonino D’Amico y Mario Pellegrini recibirán en concepto de honorarios el 22 por ciento de la base regulatoria, Eduardo Podestá de Oro y Gustavo Sambrizzi contratados por Conti el 10,27 por ciento y Guimaraes el 5,13, todo a cargo del municipio.
Desde el gremio, el asesor legal, D’Amico dijo que "estamos conformes con la decisión porque se ha ratificado la plena vigencia del convenio colectivo de trabajo".