El escenario está en punto de ebullición. La cooperativa Fecoagro sostuvo que, debido a la baja del programa nacional Prohuerta, sufrirá un recorte de al menos 40 millones de pesos, por lo que se ve en la encrucijada de despedir a 30 de sus empleados. El planteo lo hizo en la Subsecretaría de Trabajo, desde donde activaron el procedimiento preventivo de crisis para que entre la patronal y los gremios traten de llegar a un acuerdo, indicó el titular del organismo, Roberto Correa Esbry. Hoy a las 9 se llevará a cabo una audiencia, a la que está citada la delegada local del Ministerio de Desarrollo Social, Gimena Martinazzo, dado que el plan cuenta con fondos de dicha cartera nacional. La idea es que explique cuál es la situación oficial con Prohuerta. La medida no sólo afecta a los trabajadores de la cooperativa sino también a unas 650 familias ligadas a la producción de semillas que abastecen a Fecoagro.

No es todo, ya que Correa Esbry señaló que en una situación idéntica se encuentra Servicios Generales de Cuyo. Desde la empresa señalaron que está en riesgo la continuidad de sus 78 empleados que realizan el control contra la mosca de los frutos. Dicho plan recibe parte de fondos de la Nación y son los que se habrían recortado, aunque el subsecretario de Trabajo expresó que la provincia se hará cargo de alguna manera para solucionar el tema.

El marco obedece al ajuste que viene realizando la gestión macrista en diferentes áreas para reducir el déficit fiscal y cumplir con las pautas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ya había trascendido que el Gobierno nacional no iba a comprar la totalidad de las 615.000 colecciones hortícolas que se producen para el Programa Prohuerta. La decisión es un golpe directo a Fecoagro, entidad que reúne a 30 cooperativas distribuidas en casi todos los departamentos de la provincia y que nuclea a 650 familias. La cooperativa planteó la crisis económica que atraviesa al producirse la reducción de al menos 40 millones de pesos de los fondos del plan nacional, indicó Correa Esbry. El impacto directo es el despido de 30 trabajadores, 15 asociados al gremio Uatre y el resto al sindicato de Comercio, con el pago del 50 por ciento de la indemnización. Pero en el organismo laboral se disparó el procedimiento preventivo de crisis para evitar una situación tan drástica (ver recuadro). Aunque la medida también repercute en los productores de semillas, que son los que les entregan su producción a Fecoagro para su comercialización. Los asociados ya habían dado muestras de su molestar con las directivas políticas-económicas nacionales y por la falta de apoyo a agricultores cuyanos. Como forma de protesta, a fines de diciembre decidieron regalar plantines de tomate. El Prohuerta es un proyecto que cuenta con recursos del Ministerio de Desarrollo Social y que ejecuta el INTA. Por eso, Correa Esbry citó a la delegada local de la cartera nacional para que, a título informativo, cuente sobre el panorama.

El otro plan en jaque es el ligado a la lucha contra la mosca de los frutos. El mismo es de financiamiento público-privado, en el que el Ministerio de Producción de la Nación, con el Senasa, hace un aporte. Dicha partida es la que fue reducida, indicó el funcionario local, y fue lo que puso en una situación crítica a la empresa Servicios Generales de Cuyo. Es que en el organismo laboral planteó que están en peligro los 78 puestos de trabajo que tiene bajo su órbita.

Procedimiento de crisis

El procedimiento preventivo de crisis es un mecanismo administrativo para aquellas empresas que se encuentran en una situación económica crítica por falta de trabajo o por casos de fuerza mayor, como una inundación que afecte su producción.

Las medidas que suelen plantearse son suspensiones concertadas, reducción de jornada (implica una baja en los salarios) y despidos, que es la alternativa más drástica. Fecoagro empezó con esta última alternativa, que el Gobierno en general siempre trata de evitar para que se preserven los puestos laborales.

Las partes involucrada son la empresa que está en crisis, a través de sus directivos, y los sindicatos que representan a la actividad. En el caso de Fecoagro participan Uatre y Comercio. Si se llega a un acuerdo para evitar la crisis, como fijar suspensiones o reducciones de jornadas, el mismo se somete a la homologación de la Subsecretaría de Trabajo. Si no se llega a un arreglo, se da por finalizado el procedimiento y las partes quedan en libertad de acción. En cambio, mientras dure el procedimiento ninguna de las partes puede modificar las condiciones de trabajo. Los sindicatos no pueden llevar a cabo medidas de fuerza en la compañía no pueden tomar las medidas que son objeto del mecanismo. Es decir, tiene las mismas pautas de la conciliación obligatoria. El periodo de negociación es de 10 días hábiles y la empresa debe acreditar la situación de crisis con la presentación de balances.