Un verdadero escándalo. Pese a que el aborto que se le realizó a la niña discapacitada de 14 años que fue víctima de una violación está contemplado legalmente y hay jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, un médico y una abogada del grupo Provida denunciaron la práctica en la Justicia. Sin embargo, la movida de los antiabortistas no sólo va camino al archivo, justamente por los antecedentes judiciales, sino que su accionar reflejaría una serie de irregularidades que llevaría al fiscal que intervenga a denunciarlos. Es que, según fuentes calificadas, habrían ingresado a la habitación de la menor sin ningún permiso, habrían tratado de convencer a la madre de no llevar adelante la intervención, habrían participado junto a un médico de otra área de un estudio a la nena sin ninguna autorización y en última instancia habrían tratado de impedir la operación, lo que fue evitado por personal policial y fiscales mujeres de Flagrancia.

La situación revela la intransigencia de los militantes Provida, ya que el aborto a la niña se encuentra amparado en el inciso 2 del artículo 86 del Código Penal y que dejó más que claro el máximo tribunal judicial del país. La primera práctica legal en la provincia se dio luego del duro debate en el Congreso, en el que se impuso el rechazo a la interrupción voluntaria del embarazo, no sin antes abrir una grieta entre los que están a favor y en contra.

La práctica que se le hizo a la niña desató duras reacciones de los antiabortistas a través de las redes sociales, que atacaron a los médicos que la llevaron a cabo. A pedido de los padres de la joven, la decisión fue tomada por las autoridades del Hospital Rawson, en base a los antecedentes legales, quienes contaron con el apoyo de la cúpula del Ministerio de Salud Pública ante las agresiones. Inclusive médicos y asociaciones también respaldaron el accionar de sus colegas. El caso tuvo hasta repercusión nacional (Ver recuadro).

El aborto se realizó en la madrugada del domingo y la previa estuvo cargada de maniobras para impedirla. Y fue ayer cuando el médico Federico Bazán y la abogada Paola Miers radicaron la denuncia en la Fiscalía de Instrucción que conduce Daniel Galvani. Según las fuentes, ambos contaron que fueron hasta el hospital y hablaron con el médico de guardia del Servicio de Ginecología, Federico Antequeda. Así, fueron hasta la habitación de la nena y dialogaron con la madre, a quien le propusieron que su hija no abortara y adoptara al bebé. Pero justamente de la presentación que hicieron, las fuentes señalaron que se desprenderían irregularidades, las que buscarán confirmar con testimonios y registros. Es que en esa charla con la madre habrían entrado a la pieza en la que estaba la menor, ya que describieron objetos que estaban en la misma. Está la sospecha de que se le habría realizado una ecografía, bajo la presencia de personas extrañas al hospital, entre ellos, los propios denunciantes, además de que se habría filmado dicha práctica. También está bajo estudio si accedieron a la historia clínica, si se sacaron copias y si las habrían retirado aunque sea por un lapso. Y en la denuncia admitirían que estuvieron en los pasillos del centro de salud, hecho que está bajo la lupa dado que militantes Provida habrían tratado de impedir el paso de las camillas.

En definitiva, las fuentes hablan de una intromisión de los denunciantes al centro de salud, en la que incluirían al médico Antequeda, quien es de Geriatría y se habría metido en Pediatría. Y no sólo eso sino que también se analizaría una falsa denuncia porque no hay delito (se trata de un aborto legal) y porque habría falsedades con respecto a lo que declararon y lo que hicieron.

Masivo respaldo

Las autoridades que tomaron la decisión y los médicos que llevaron a cabo el aborto legal a la niña víctima de una violación recibieron el masivo respaldo de diferentes asociaciones y entidades. El apoyo se produjo tras la denuncia que se efectuó por la realización de la práctica y el ataque a los profesionales en redes sociales. Entre los que expresaron su visto bueno estaban figuras nacionales como el jurista Ricardo Gil Lavedra y la escritora Claudia Piñeiro, mientras que entre los profesionales y entidades locales se contaban al presidente del Sindicato Médico, Daniel Sanna; Mario Tinto, titular de ASAAR, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir San Juan; Foro Salud Mental y Derechos Humanos; la Comisión Derechos Humanos Colegio de Psicólogos; Juristas por el Derecho a Decidir; Coordinadora de Derechos Humanos San Juan; Colectivo Ni Una Menos San Juan; Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal seguro y Gratuito San Juan; Movimiento de Mujeres Sanjuaninas; Observatorio de Medios sobre temas de Niñez y Adolescencia del Departamento de Cs. de la Comunicación-FACSO-UNSJ, Amnistía Internacional. También organizaciones de otras provincias y partidos políticos.

Monseñor prefirió el silencio

El jefe de la Iglesia Católica local, monseñor Jorge Lozano, eligió el silencio frente al aborto practicado a la menor violada. El que habló fue el sacerdote Juan García, quien expresó que "continuamos con el firme propósito de salvar las dos vidas", a la vez que resaltó que "cualquier forma de aborto no puede contar con el aval de la Iglesia". Además, dijo que "estamos estudiando el tema. Hemos recibido información muy diversa y cruzada de diferentes sectores, por eso queremos recabar más datos para no emitir una opinión equívoca o apresurada".