Luego de haberse llevado adelante dos declaraciones testimoniales y de haber analizado la documentación aportada por la Superintendencia de Riesgo de Trabajo (SRT), el fiscal federal Francisco Maldonado decidió avanzar en la causa por presunto fraude dentro de la Comisión Médica 26, el órgano que determina la incapacidad laboral. El representante del Ministerio Público le solicitó al juez Leopoldo Rago Gallo que abra la investigación y que llame a indagatoria, en principio, a dos médicos, dos abogados y un policía por la supuesta connivencia entre ellos para elevar los valores de invalidez de un grupo trabajadores, indicaron fuentes calificadas. Los implicados serán interrogados por fraude a la administración pública, ilícito que tiene una pena de dos a seis años de prisión.

La polémica estalló en julio luego de que la propia SRT, que controla a la Comisión 26 con sede local, realizara una denuncia en la Justicia tras encontrar irregularidades en el funcionamiento de la entidad, con la sospecha de que personal interno y externo estaba implicado. En la mira están los abogados Sergio y Alejandra Gómez, los médicos Maris Dalinda Alferillo y Alejandro Vázquez y el uniformado de la Policía Federal, Juan Carlos Ruiz.

Según la presentación, la presunta maniobra delictiva surgió de una encuesta de satisfacción que se llevó adelante en el organismo que funciona en San Juan. Tras ese control, una mujer describió que el día que fue atenderse por un accidente laboral, el policía que custodiaba la Comisión 26 le recomendó el estudio jurídico Gómez y Asociados, dado que tenían contacto con los médicos que allí se desempeñaban (Alferillo y Vázquez) y que le podían conseguir resultados favorables en la tramitación de su incapacidad. Luego, sin previo aviso, al lugar llegó la abogada Gómez y también le manifestó que trabajaba con los mismos doctores, según su declaración.

Con ese testimonio, la SRT realizó una auditoría interna, intervino la Comisión 26 (Ver aparte) y radicó la denuncia al sospechar de la presunta connivencia entre varios actores. La auditoría reveló que hubo al menos 16 expedientes con la participación de Vázquez y Alferillo en los que calcularon niveles de incapacidad que tuvieron una diferencia de entre 14 y 46 puntos con respecto a lo que estableció la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART), que es la que terminó pagando.

Tras la denuncia en sede judicial, la testigo ratificó sus declaraciones y apuntó contra la abogada y remarcó que conocía a otras personas a las que les pasó lo mismo dentro de la comisión y que podrían servir de testigos. Luego de ese hecho, la mujer denunció que recibió amenazas por sus dichos y señaló a Sergio Gómez (hermano de Alejandra), quien la habría contactado telefónicamente y le habría manifestado que sabía de su declaración y que se cuidara porque "la iba a hacer mier...". 

Antes de que se produzca el llamado a indagatoria, el fiscal pidió que se le solicite información a distintos órganos locales y nacionales. Según confirmaron fuentes judiciales, dentro del escrito que Maldonado le remitió al juez Rago Gallo, se requirió copia de distintos expedientes que se tramitaron dentro de la Comisión Médica 26, informes a la Superintendencia de Riesgo de Trabajo de la Nación, copia del legajo del guardia de seguridad a la Policía Federal Argentina y una copia certificada de la denuncia por amenazas presentada en la Justicia local.

Intervención

En julio, la SRT intervino la Comisión Médica 26. El proceso duró dos meses y como resultado tuvo a una médica despedida, Alferillo, y dos miembros del personal administrativo fueron cesanteados. Además, el médico Vázquez decidió renunciar.

Denuncia por amenazas

La presentación se hizo en octubre en la Fiscalía de Instrucción Número 3, a cargo de Carlos Rodríguez. Tras el análisis de la escala penal del delito (seis meses a dos años de prisión), la causa fue remitida al ámbito Correccional.