En la primera jornada de los alegatos del megajuicio por delitos de lesa humanidad, los abogados querellantes, que representan a las víctimas, pidieron que se investigue la conducta de dos exfuncionarios de la Justicia Federal de San Juan: el exfiscal Juan Carlos Yannello y el exsecretario Raúl Plana. Ambos se desempeñaron junto al juez Mario Gerarduzzi, ya fallecido, durante la época posterior al golpe militar y ahora los acusan de no haber actuado al tomar conocimiento de que se estaban cometiendo delitos como la detención ilegal de personas y torturas. Los señalan por los presuntos delitos de violación de deberes de funcionario público y encubrimiento, ambos excarcelables, por lo que en el caso de ser encontrados culpables no irán a prisión.
En los alegatos, los querellantes Margarita Camus y Fernando Castro dieron a conocer los elementos que, según ellos, justifican una dura pena para los 3 de los 7 imputados que están siendo enjuciados. Y, adicionalmente, pusieron en el ojo de la tormenta a los dos exfuncionarios federales por la supuesta inacción frente a delitos de lesa humanidad y pidieron que sean sometidos a un nuevo proceso.
Los abogados se concentraron en la figura de los detenidos Alejandro Lazo, Osvaldo Martel y Jorge Olivera, 3 de los 7 imputados que están siendo sometidos al proceso. Los acusaron de los delitos de tormentos agravados y asociación ilícita a los dos últimos. Y también les atribuyeron a los 3 una conducta que hasta ahora no se había tenido en cuenta en el proceso, que es el abuso deshonesto. Fue porque, según Camus, que es querellante y víctima, “todas las mujeres fuimos víctimas” de delitos contra la integridad sexual porque fueron manoseadas e incluso muchas violadas, aunque sólo muy pocas se animaron a reconocerlo.
“La violencia sexual fue una herramienta más de la maquinaria del terror”, dijo Camus, y agregó que también muchos hombres sufrieron esa violencia “pero por la cultura machista les fue más difícil decirlo”.
El más grave de los 3 delitos es el de torturas, porque según el viejo Código Penal se castiga con prisión perpetua.
En la jornada de ayer sólo se imputaron delitos presuntamente cometidos en el marco de lo que se conoce como la causa Camus, pero no quiere decir que los otros 4 detenidos no vayan a ser acusados. Según el orden establecido por los miembros del Tribunal Oral Federal (TOF), que preside Héctor Cortéz, a quien acompañan Alejandro Piña y Raúl Fourcade, el martes 16, a partir de las 9, continuará el alegato de Castro por la causa Erize y por la tarde será el turno de Roberto Scherbosky, que representa a las víctimas Carvajal, Neffa e Illanes. Es decir que cabe esperar nuevas acusaciones y por supuesto que el fiscal Mateo Bermejo hará lo propio cuando le toque alegar, en una fecha todavía a determinar.
Tras un pedido de ampliación de indagatoria, que formuló el acusado Daniel Gómez (ver aparte), la jueza Camus fue la primera en comenzar con los alegatos. “Por fin hemos llegado a este momento tan esperado y nadie puede decir que hicimos justicia por mano propia o que cometimos actos de venganza”, dijo.
“Por esas cosas de la lotería del diablo, en la que nos tocó sobrevivir a algunos y morir a otros, nos tocó descender de nuevo al infierno”, mencionó al señalar lo duro que fue para las víctimas revivir en sus testimonios los duros momentos pasados durante su cautiverio.
Durante su detención en el Penal de Chimbas, Camus recibió fuertes golpes que hacían que orinara sangre, pero ni aún en esa situación recibió atención médica adecuada. Y fue que en oportunidad de que la llevaran a declarar al Juzgado Federal, ante el juez Gerarduzzi con la asistencia de Yannello y de Plana y de que ella denunciara su detención ilegal, las torturas y los vejámenes a los que fue sometida, ninguno intervino para investigar esos hechos. Fue por eso que Castro pidió que se investigue a ambos exfuncionarios. Para llevar adelante ese paso solicitó al TOF que se remitan las copias de las actuaciones al Juzgado Federal.
Ambos están jubilados y el último en retirarse fue Yannello en septiembre del 2011. En los casos vinculados a los delitos cometidos durante la dictadura militar, se había excusado de participar debido a que durante ese período fue fiscal federal.
Para sostener las acusaciones contra Lazo y Martel, Camus dijo que los había visto en una sesión de tortura. Y en el caso de Olivera, si bien dijo que no lo vio, lo identificó por su voz.