Tras una sigilosa investigación, que incluyó escuchas telefónicas y una cámara oculta, dos contadores que ocupan puestos clave en la administración pública provincial terminaron envueltos en un verdadero escándalo por un presunto pedido de coima a un proveedor del Estado. Uno de los involucrados se llama Carlos Alejandro Correa, es delegado fiscal y ayer fue detenido infraganti cuando la víctima le pagaba 10 mil pesos que previamente fueron marcados para probar el delito. Junto a él cayó nada menos que la contadora del Ministerio de Gobierno, Mariela Fernández, quien quedó seriamente comprometida por las grabaciones que se recogeron como evidencia de un supuesto acuerdo entre los dos para aprovechar sus cargos y cometer la maniobra, aseguraron fuentes judiciales.
Correa depende de la Contaduría General de la Provincia, está asignado al Ministerio de Gobierno y como delegado fiscal se encarga de controlar la legalidad de los procedimientos de gastos de la repartición. Fernández es la contadora de la cartera que dirige el ministro Adrián Cuevas y al mismo tiempo, casualmente, contaron las fuentes, en su estudio particular le lleva la contabilidad al proveedor que resultó ser víctima.
Los dos son empleados de planta permanente y fueron detenidos en amplios operativos policiales dispuestos por el juez de Instrucción Nº2, Pablo Flores. Correa fue sorprendido pasado el mediodía en el resto-bar Faustina, ubicado en España entre Rivadavia y Central. Un par de horas después le tocó a la contadora, en su casa del barrio 2 de Agosto, en el departamento Rivadavia.
La historia comenzó cuando el proveedor, del que no trascendió el nombre, se presentó en un concurso de precios del Ministerio de Gobierno para desinfectar el Penal de Chimbas. Como aparentemente tenía problemas impositivos que le impedían ser contratado por el Estado, las fuentes aseguraron que Correa le pidió 20 mil pesos de coima para no ponerle obstáculos y dejarlo que preste el servicio.
La semana pasada, el empresario se presentó en la Subsecretaría de Investigación y Control de Gestión, que depende del Ministerio de Gobierno, y contó lo que le estaba pasando. Enterado de la situación, Cuevas se encargó personalmente del asunto y acompañó a la víctima al Ministerio Público y la Fiscalía de turno para hacer la denuncia. Paso seguido, Flores inició la investigación y ordenó las escuchas telefónicas que ratificaron las sospechas sobre Correa.
Pero el juez y la fiscal Ana Lía Larrea se llevaron una sorpresa. Según las fuentes, de las conversaciones telefónicas que interceptaron surgieron elementos que comprometen seriamente a Fernández. Sin dar detalles, contaron que habló con Correa de la extorsión y que cruzaron datos que dan idea de que ella también participaba del circuito.
Con todos esos elementos, el juez le pidió al proveedor que le siguiera el juego al delegado fiscal. Y fue así que se juntaron ayer en el restaurante, donde se hizo la cámara oculta. El empresario llevó la mitad de la plata que le pedía, se la entregó y todo quedó registrado en la filmación.
El delito en juego es el de exacciones ilegales, conocido popularmente como coima, que contempla penas que van de uno a cuatro años de prisión. Si son condenados no irían a la cárcel en forma efectiva, ya que el castigo es excarcelable. Pero serían expulsados del Estado y se exponen a que les suspendan la matrícula de contador.
En la Justicia no descartaron que los dos profesionales hayan articulado acciones similares en el pasado. Pasa que son eslabones fundamentales en el proceso administrativo que permite liberar los fondos del Ministerio de Gobierno. La contadora es la que imputa la partida presupuestaria y el delegado fiscal es el que da el visto bueno para que se haga el gasto.
Cuevas puso a disposición del juez “todo lo que le haga falta para esclarecer el caso”. Y pidió que “si alguien es víctima de una maniobra como ésta, haga la denuncia para poder dar con los responsables”.