Los abogados Diego Seguí y Marcelo Arancibia presentarán mañana más elementos para que la Justicia investigue la contratación de seguros entre el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER) y la gestión giojista. Entre los indicios, apuntarán ahora sus cañones al seguro para los alumnos de las escuelas públicas de gestión estatal. Según adelantaron, el servicio se venía prestando de manera gratuita hasta que en 2007 fue adjudicado de manera directa y con costo a la entidad entrerriana. 

De acuerdo a lo que manifestó Arancibia, el seguro que cubría cualquier tipo de accidente de los alumnos lo brindaba la Caja Nacional de Ahorro y Seguro desde 1968, cuando era estatal, y a la provincia no le significaba ninguna erogación.

El mecanismo siguió de la misma manera luego de que la entidad fuera privatizada en los ‘90, ya que recibía fondos de la Superintendencia de Seguros de la Nación, aseguró el profesional en base a datos que recolectó con su colega. No obstante, en 2007, la administración giojista le adjudicó la contratación al IAPSER. “Fue una estrategia para darle el monopolio de los seguros al instituto entrerriano en un caso que no era necesario”, afirmó Arancibia.

El otro punto que presentarán tiene que ver con la ART de los estatales. Según el denunciante, no cierran los números de lo que la provincia le facturó al IAPSER en 2016, tras la prórroga efectuada en la gestión giojista, con lo que figura que recibió la entidad de acuerdo a su balance. Arancibia y Seguí fueron los que realizaron la presentación en la Justicia por las presuntas irregularidades en los elevados precios de las contrataciones del seguro para los empleados de la administración pública. Desde entonces, vienen aportando elementos para que se investigue si hubo maniobras delictivas.

Fin del contrato

Licitación

El caso estalló cuando en diciembre, al finalizar la última renovación automática, el Gobierno licitó la ART para los estatales y salió a la luz que con la compañía que ganó la compulsa ahorrará 300 millones de pesos al año, en comparación a lo que le había pagado en 2016 al IAPSER.