El Poder Ejecutivo Nacional dictó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que reforma las leyes de Riesgos del Trabajo 24.557 y 26.773, la 18.345 de procedimiento laboral en la Ciudad de Buenos Aires, y la Ley de Contrato de Trabajo.El jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó que el decreto de necesidad y urgencia que modificó el régimen de las Aseguradores de Riesgo de Trabajo (ART), al establecer la necesidad de recurrir a una comisión médica antes del reclamo judicial, procuró "cortar con la industria del juicio laboral" que "funciona con una lógica mafiosa".

 

 

A través de un comunicado difundido por Casa de Gobierno, el jefe de ministros defendió el cambio al asegurar que el Gobierno buscó con esta medida "cortar de forma urgente con la industria del juicio laboral, que funciona con una lógica mafiosa".Además, rechazó las críticas por haberlo realizado a través de un decreto porque, según justificó, el contenido está en línea "con el proyecto de modificación de ART que salió con alto nivel de consenso” en el Senado, a fines del año pasado. El presidente Mauricio Macri decidió no esperar al debate en el Congreso y reformó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la ley de ART, con el objetivo de bajar el costo laboral.

 

El cambio más importante que introduce es la obligatoriedad del trabajador accidentado de presentarse ante las Comisiones Médicas del sistema antes de iniciar cualquier juicio en reclamo de una indemnización.

 

El titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, señaló que van a plantear la "inconstitucionalidad" del decreto, que calificó como un "mamarracho", y advirtió que podría haber "una convocatoria de movilización" con "la otra CTA y la CGT".  Asimismo señaló que es un hecho absolutamente reprobable, en el que claramente se ve la falta de respeto por las instituciones independientes", denunció. En esa línea, el sindicalista cuestionó: "Se habla de la industria del juicio pero habría que preguntarse por qué hay juicio en los accidentes de trabajo. Es otro instrumento para bajar costo laboral".

 


A su vez, el abogado Daniel Igolnicov presentó un pedido de "per saltum" ante la Corte Suprema de Justicia contra el Decreto de Necesidad y Urgencia que firmó Mauricio Macri para modificar el régimen que regula a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). La norma establece que todo trabajador debe pasar por una "Comisión Médica" antes de iniciar cualquier juicio laboral, constituyendo una instancia previa "de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención". Esa Comisión será la que determinará si un trabajador puede o no iniciar una acción judicial para conseguir una indemnización por enfermedad o incapacidad.

 

"Afecta mi derecho de trabajo, al derogar la ley 24.635 que rige el Sistema de Conciliación Obligatoria (SECLO), que es mi medio fundamental de vida", sostuvo el letrado Igolnicov en su escrito. "Quita la competencia del SECLO todos los conflictos vinculados a la ley de riesgos de trabajo, que tenga como víctimas a todos los empleados registrados y asimismo, suprime la primera instancia de la Justicia laboral a su respecto", agregó.

 

 

Con este decreto, los abogados laboralistas ven amenazado su trabajo, que calculan, podría disminuir a la mitad de los casos que atienden. "Excluye de la instancia previa obligatoria antes de la radicación de demanda laboral, a todos los trabajadores no registrados, quienes podrán recurrir directamente a la instancia judicial", señaló Igolnicov.  En ese marco, el experto detalló que al autorizar la vía judicial a los no registrados por encima del SECLO, "van a entrar las demandas por despido o cualquier o cualquier otro derecho laboral vulnerado junto con el infortunio y ello creará un desconcierto tribunalicio porque una misma realidad laboral tendrá dos vías diferentes que, en orden a la celeridad y economía procesal, solo complicará la solución".

 

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) coincidió. "Lejos de condecir con el supuesto objetivo de 'reducir la litigiosidad por accidentes laborales', no hará más que alargar los procesos", sostuvo la ONG en un comunicado de prensa.A la hora de analizar el contenido de la medida, la ADC afirmó que, al establecerse la actuación de las "Comisiones Médicas Jurisdiccionales como instancia administrativa previa para el reclamo de un trabajador", se "valla el acceso a la Justicia de los trabajadores, sector vulnerable y, por lo tanto, en teoría siempre protegido por la ley".

 

"Este tipo de limitaciones ya habían sido declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema en el caso 'Castillo' en 2004, fallo que habilitó de hecho que los trabajadores pudieran reclamar en forma directa ante los jueces por sus derechos", recordó la entidad.

 

En su escrito, Igolnicov solicitó al máximo Tribunal que considere al DNU una cuestión que reporta "gravedad institucional" por afectar los derechos laborales de los abogados, consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución. "Esta vulneración al derecho de trabajar no se circunscribe a los conciliadores, sino que abarca a la decena de miles de trabajadores que todos los años, siendo víctimas del incumplimiento de las normas laborales, consiguieron justa reparación por una vía legítima y eficaz y que se viene a derogar por 'una necesidad y urgencia' inventada abusivamente para encubrir la maniobra política de eludir el camino parlamentario", remarcó.

 

Se espera para esta semana y la próxima una lluvia de impugnaciones contra el DNU N° 54/2017. Se estima serán interpuestas ante la Justicia nacional del Trabajo, en pie de guerra con el Ejecutivo. Asociaciones de abogados estarán a la cabeza de los reclamos, cuya última escala será la Corte. 

 

Colaboración: Vanesa Dénora Mestre - Abogada (MP 3278) - Contacto 4213505 / 2644189975