La Justicia procesó anoche con prisión preventiva al ex policía federal y ex empleado del Gobierno porteño Ciro James, acusado de hacer espionaje telefónico sobre personas de diversos sectores sociales, como el dirigente Sergio Burstein, familiar de una víctima de la AMIA, y el empresario Carlos Avila, informaron fuentes judiciales.
La medida fue adoptada por el juez federal Norberto Oyarbide, quien también procesó a los efectivos Raúl Rojas y Diego Guarda -ex jefe de Homicidios de la Policía de Misiones y ex auxiliar de Inteligencia de esa fuerza, respectivamente-, involucrados en el caso de las escuchas, pero sin prisión preventiva, por lo que quedaron en libertad.
James fue procesado por los delitos de falsedad ideológica, violación de secreto y arrogarse honores y títulos, y se le trabó un embargo de 10 mil pesos sobre sus bienes.
El caso James, que ya estaba detenido desde el 5 de octubre, desató una dura polémica entre los Gobiernos porteño -donde cumplió funciones- y nacional, que se acusan mutuamente por el rol del presunto espía.
En ese marco, el gobierno de Mauricio Macri denunció que la aparición del ex policía obedecería a una maniobra de la administración nacional tendiente a "boicotear" la flamante fuerza capitalina. Por ello, se espera que hoy presente una denuncia en Tribunales para que se investigue esa hipótesis.
En tanto, el Gobierno nacional acusa a la administración macrista de deslindar responsabilidades para dilatar la puesta en marcha de su policía y "victimizarse", como dijo ayer el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien aseveró que Macri "se hace el tonto, mira para el costado y no da respuestas".
Resta aún que el juez resuelva la situación procesal del comisario mayor Rubén Quintana, director de Investigaciones de la Policía de Misiones. Desde esa provincia fueron ordenadas las intervenciones telefónicas que tuvieron como blancos a Burstein y Avila, entre otras personas, en el marco de causas penales, aunque se cree que podría haber sido para escuchar sus conversaciones sobre AMIA y cuestiones de los medios y el fútbol, respectivamente.
Fuentes judiciales informaron que en el procesamiento Oyarbide sostuvo que la SIDE fue una damnificada de la maniobra de James, ya que se utilizaron sus instalaciones para "pinchar" teléfonos con fines que no hacían a su función.
En tanto, también deslindó eventuales responsabilidades de la Policía Federal Argentina, al entender que no estaba en conocimiento de las operaciones de James.
Los voceros no descartaron que en el hecho haya existido la participación de otros funcionarios, como integrantes del Poder Judicial de Misiones.
Desde los juzgados federales de esa provincia partieron las órdenes para intervenir los teléfonos de Avila y Burstein, cuyo contenido era retirado por el propio James de la SIDE.