Al estar en la atención al público de la delegación local de la AFIP, Mirta Susana Caballero recibió a monotributistas que querían sanear su situación fiscal para poder trabajar en reparticiones provinciales. La mujer les ofrecía una solución y los derivaba al estudio contable de su hijo, Santiago Emanuel Martín, para que encararan el trámite de regularización.

Los trabajadores creyeron que el procedimiento era legal, por lo que les pagaron sumas a los dos por los servicios, pero en realidad lo que hacía la mujer era el borrado de deudas, una práctica ilegal. Esa mecánica fue la que relataron fuentes calificadas de la investigación que llevó adelante el juez federal Leopoldo Rago Gallo, quien procesó a ambos.

A la madre, como presunta autora de un tipo de negociación incompatible con el ejercicio de su función pública y al hijo, como supuesto partícipe. Se trata del segundo caso de borrado de deudas que en la sede del organismo nacional, luego del escándalo de 2016, en el que también estuvieron implicados trabajadores y empresarios locales (Ver Recuadro). 

Los delitos son los que figuran en el artículo 265 del Código Penal y 12 y 13 de la ley 24.769.

La última causa estalló el año pasado tras una denuncia de la propia AFIP, mientras que el procesamiento del magistrado trascendió ayer, aunque tiene fecha de la semana pasada. De acuerdo a las fuentes, Caballero habría cobrado, al menos en una oportunidad, unos 500 pesos para eliminar las deudas de los monotributistas. En esa maniobra, su hijo habría percibido el mismo importe por su tarea. En el expediente figuran tres casos, pero no trascendió cuántas operaciones habrían realizado y el monto total que habrían embolsado. Inclusive, los investigadores no descartan que pudieran haberse dado más irregularidades.

Según la investigación, la mujer se encargaba de atender, entre otros, a los monotributistas que llegaban a la sede de calle Mendoza e Ignacio de la Roza. Tras el episodio, fue trasladada a otra área. Como dato llamativo, al momento de los hechos, Martín trabajaba en un estudio contable, pero hoy también se desempeña en el organismo nacional.

La maniobra que llevaba adelante Caballero consistía en derivarle a su hijo contribuyentes que llegaban con la necesidad de estar al día con la AFIP y así quedar habilitados para firmar un contrato de prestación de servicio con el Estado. Regularizar la deuda con el fisco nacional es un requisito que tienen los contratados para ser incorporados a la administración pública o para ser recontratados. Una vez que llegaban al estudio contable, Martín les indicaba a los contribuyentes el trámite a seguir y que él lo podía agilizar, previo desembolso de dinero, según consta en el expediente.

En realidad, la acción de Caballero era dar de baja a las obligaciones de los monotributistas en diciembre de cada año, reinscribirlos en el periodo siguiente, a efectos de que el contribuyente no tuviera deudas. Ya sin el pasivo en las cuentas, los exdeudores quedaban habilitados para firmar contratos con el Estado. 

Según las fuentes, la maniobra de la mujer y su hijo no era conocida por los contribuyentes y la misma quedó expuesta luego de que un monotributista se quejara en el organismo porque su problema no estaba solucionado y además, porque, al parecer, madre e hijo le exigían más dinero para volver a realizar la maniobra. 

Tras esa instancia, la AFIP realizó una auditoría y comenzó a sospechar de Caballero. Al tener indicios de las irregularidades en las cuentas, la repartición le inició un sumario a la mujer, la cambiaron de sección y radicaron la denuncia en la Justicia Federal por la supuesta maniobra delictiva.

La emblemática causa por el borrado de deudas

Tras siete años de intensa investigación, que involucró entrecruzamientos de datos, recolección de prueba y hasta escuchas telefónicas, el juez federal Leopoldo Rago Gallo dictó, en agosto de 2016, el procesamiento de 14 de los 17 involucrados de una megacausa por el borrado de deudas dentro de la AFIP, en la que también se encontró una usina de facturas truchas.

De acuerdo al expediente, la red delictiva manipulaba registros del organismo recaudador, vendía comprobantes de empresas fantasmas para evadir tributos y generaba créditos de libre disponibilidad inexistentes.El contador Cristian Olmos y Daniel Humberto Fornari fueron acusados de ser los cabecillas de la organización.En mayo, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza confirmó los procesamientos de estos dos y de Julio Andrés Ayala y Raúl Ricardo Peña, quienes vendían facturas truchas.

La misma suerte tuvo Luis Alberto Alé, que ofrecía el servicio de borrado de deudas. A los empleados de la AFIP Manuel Francisco Montivero Miranda, Rubén Darío Falcón y Walter Prividera también les ratificaron su participación en la manipulación del sistema informático. Otro implicado como integrante de la banda fue César Esteban Vignoli. En el caso del empresario Edmundo Novelli, dueño de franquicias de helados Grido, estaba procesado como miembro de la red delictiva, pero el Tribunal consideró que su accionar no encajaba dentro de dicha estructura, aunque mantuvo su procesamiento por fraude por haber utilizado sus "prestaciones". El último que sufrió un revés fue Fernando Jolivot, que actuaba como captador de clientes (fue vínculo con Novelli), según refleja el expediente.