Por homicidio agravado de Marie Anne Erize y de otros dos muertos por la dictadura en San Juan el juez federal local, Leopoldo Rago Gallo, procesó al general retirado Luciano Benjamín Menéndez, quien está detenido en el Penal de Bower en Córdoba hace un año, según fuentes tribunalicias. El caso de la modelo franco-argentina es uno de los más simbólicos de la dictadura en San Juan en los años ’70. El magistrado sanjuanino también dictó el procesamiento de Jorge Olivera y Eduardo Vic, ambos ya alojados en el Penal de Chimbas y ya procesados por otras causas de delitos de lesa humanidad.
No es la primera vez que procesan a Menéndez en San Juan, donde se tramitan más de 40 casos. Ya recibió resolución de ese tipo en el asesinato de José Alberto Carbajal y por torturas a la hoy jueza Margarita Camus, según dijo a este diario el abogado defensor del militar, Eduardo San Emeterio, quien anticipó que apelará (ver La defensa…). Pero el caso Erize es uno de los más simbólicos en la provincia porque hasta fue investigado a nivel internacional: Olivera fue acusado en Italia por el caso, pero quedó en libertad (ver El antecedente).
El dictamen de Rago Gallo fue notificado a Menéndez el jueves y dicta contra el ex general de 81 años el procesamiento y prisión preventiva por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita agravada y homicidio agravado en perjuicio no sólo de Erize sino también de Juan Carlos Cámpora. También el juez lo procesó por el homicidio agravado de Daniel Russo y por violación de domicilio en perjuicio de Erize, María Magdalena Moreno e Ilda Sánchez de Russo.
Por su parte, a Olivera y Vic, Rago Gallo los procesó por la presunta comisión de asociación ilícita y homicidio agravado en perjuicio de Erize, por homicidio agravado de Russo y por violación de domicilio en perjuicio de Erize, Moreno y Sánchez de Russo.
El juez federal también dispuso el embargo de bienes a Menéndez por 30 millones de pesos y a Olivera y Vic por 20 millones de pesos. Y dictó la falta de mérito para Olivera y Vic por el presunto homicidio agravado de Juan Carlos Cámpora.
En las imputaciones que consideró Rago Gallo, figura que Menéndez tuvo responsabilidad en los delitos porque fue jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, con asiento en Córdoba, desde 1975 a 1979. Y en tal función tenía control absoluto sobre las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Luis, Mendoza, Santiago del Estero y San Juan. El RIM 22 dependía operativamente de su jefatura. Y es la razón por la que Rago Gallo lo procesó.
A Olivera -señalado en las causas como "el jefe de la represión en San Juan"- y Vic les cabe responsabilidad por los hechos porque eran oficiales del RIM 22, el primero a cargo de la oficina de Inteligencia encargada de la lucha contra la subversión en la provincia. Según la resolución judicial, esta última comprendía tareas de identificación, allanamientos ilegales, privaciones ilegítimas de la libertad, detenciones en centros clandestinos u oficiales en condiciones infrahumanas, interrogatorios bajo tormentos y, en algunos casos, desaparición de las víctimas.
El fallo da a Erize por muerta -nunca encontraron su cuerpo- y da cuenta de que fue secuestrada por la fuerza antisubversiva, quedando a disposición del ejército argentino, luego de una tarea de inteligencia, que incluyó su seguimiento y abordaje de las familias con las que se relacionaba, desapareciendo después (ver Cara hermosa…).
Sobre Russo, la resolución sostiene que ligado a Erize, fue perseguido, baleado, retenido sin prestársele la asistencia correspondiente y, pese a su cuadro, fue aislado e interrogado, muriendo cuatro días después del hecho. Por su parte, Cámpora -que fue rector de la Universidad Provincia, el antecedente de la Nacional, en 1965- fue secuestrado en febrero de 1977 y no se supo nunca más de él. Sabía lo que le podía pasar y se lo anticipó en una carta desesperada a su hija, que estaba en Buenos Aires.
En el marco del caso de la modelo francesa y de Russo, según fuentes calificadas, hay dos prófugos: Horacio Julio Nieto y Juan Carlos Coronel, titulares de la Policía de la provincia y de la Delegación San Juan de la Policía Federal.