El Ejecutivo provincial impulsa un proyecto de ley, que ingresará a la Legislatura con el inicio de las sesiones ordinarias, para prohibir el funcionamiento de prostíbulos en el todo el territorio sanjuanino y que contempla el arresto, hasta por 60 días, de los dueños y los clientes que concurran a este tipo de locales. Así lo confirmó el ministro de Gobierno, Adrián Cuevas, quien precisó que en su cartera vienen trabajando en la redacción de la norma desde diciembre, con la colaboración de la diputada Iris Romera.
La preocupación oficial viene después de que en abril del año pasado la Policía Federal investigara una organización que funcionaba en San Juan, Mendoza y San Luis con la explotación sexual de mujeres y que permitió detener a 24 sospechosos. Y se conoció un día después de que en Mendoza fueran rescatadas 3 mujeres sanjuaninas presuntas víctimas de la trata de personas (ver aparte).
En la iniciativa se hace referencia a prohibir el funcionamiento de ‘whiskerías, cabarets, clubs nocturnos, boites, saunas o locales‘ en los que se organicen o promocionen actos de prostitución u oferta sexual.
También habrá controles con la coordinación del Ministerio de Gobierno y la participación de efectivos de la Policía de San Juan.
El gobernador José Luis Gioja sostuvo que ‘se trata de conseguir herramientas que tiendan a definir estrategias destinadas a combatir la trata y la explotación de personas‘.
‘Estamos frente a un problema complicado, que se va agravando día a día, y lo que buscamos es evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir para terminar con la explotación y el abuso sexual‘, agregó.
En San Juan no hay datos oficiales sobre la cantidad de este tipo de locales, pero en el Ministerio de Gobierno sostienen que a partir de la sanción de la norma no podrán seguir funcionando ni se permitirá la apertura de nuevos sitios.
En el texto del proyecto figura que cuando se detecten estos locales serán cerrados en forma definitiva y tanto los dueños como los clientes que sean sorprendidos en el interior serán detenidos hasta por 60 días. Y que el arresto será de cumplimiento efectivo y no podrá ser reemplazado, por ejemplo, por el cumplimiento de tareas comunitarias, según aclaró Cuevas.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Gobierno, que contará con el apoyo de un equipo técnico integrado por abogados, médicos, psicólogos y trabajadores sociales. Serán los encargados de dar asistencia a las víctimas de la trata de personas.
San Juan no es la primera provincia que busca legislar en el tema. Hay antecedentes en Buenos Aires, Chaco, Misiones y también la Municipalidad de la Capital de Mendoza aprobó en diciembre pasado una ordenanza para cerrar los cabarets, saunas y prostíbulos de la capital provincial.
A nivel nacional, tras el polémico fallo absolutorio por el caso de Marita Verón, la Cámara de Diputados de la Nación sancionó una ley que modificó la legislación vigente. Así amplió las condenas para los delitos de explotación sexual simple entre 2 y 4 años, mientras que la agravada establece penas de prisión de 5 a 15 años cuando las víctimas hubiesen quedado embarazadas o fueran menores de edad.