Luego de que un condenado por abuso sexual se quitara la vida la semana pasada con un arma de fuego en Tribunales, el fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, salió a cuestionar duramente a "algunos jueces" que "han creado" el "peligro" de ataques a magistrados y empleados al resolver que "gente condenada" y "jugada" se encuentre en "libertad con el pretexto de que la sentencia no está firme". Así, señaló que tales decisiones, "más que garantistas, se inscriben en el libertinaje procesal". Antes, a una persona castigada con una pena de cumplimiento efectivo, se le dictaba la prisión preventiva, pero, ahora, en el nuevo sistema acusatorio, hay jueces que entienden que tiene que quedar tras las rejas recién con una resolución definitiva, la que se produce luego de que la Corte de Justicia confirma el fallo y deniega la apelación extraordinaria a la Corte Suprema.

El jefe de los fiscales resaltó el "peligro real" que producen algunos jueces con la postura de que los condenados queden presos tras una sentencia firme. De hecho, destacó que se trata de gente "jugada", luego de sentencias a "5, 8 o 12 años de cárcel. La posibilidad cierta de ir a prisión los pone en una situación de 'jugados' y pueden hacer lo que hizo esta persona o algo infinitamente peor". Inclusive, Quattropani indicó que "está probado que la persona que se suicidó buscaba a la fiscal que lo imputó y al juez que lo condenó. Tenía pedido de captura por otro hecho que habría ocurrido durante el tiempo en que gozaba de la generosa libertad otorgada a un condenado. Estaba armado y tenía un cargador más en su poder. Es decir, no ocurrió una peor desgracia por un cúmulo de casualidades".

El caso ocurrió cuando un hombre que había ingresado a Tribunales tomó la decisión de quitarse la vida con un arma de fuego (Ver recuadro). Desde Fiscalía informaron que, de 2021 a la fecha, hubo al menos seis causas, en las que los condenados, ya sea por cometer delitos sexuales o de violencia de género, están libres por no contar con una sentencia definitiva.

Quattropani resaltó que "no me voy a permitir ir al velorio de un fiscal, de un juez u operador judicial habiendo sido cómplice silencioso de quienes crean un peligro evitable a la sociedad". Por eso, destacó que "vamos a dar a conocer caso por caso" para que "cada uno se haga responsable de lo que se hace", por lo que "nadie debe sentirse ofendido. Por el contrario, deberán sentirse orgullosos de ser los zaffaronianos a la sanjuanina".

Desde el jueves, en Tribunales adoptaron medidas de seguridad (como escáneres), aunque el fiscal General dijo que "se podrán poner todas las barreras tecnológicas, llenar de policías los edificios y sólo se conseguirá que esos 'jugados' atenten contra fiscales, jueces o personal judicial en la calle". En ese marco, el presidente de la Corte, Guillermo De Sanctis, había coincidido en que era "un error que este hombre estuviera libre". Además, le pidió al máximo tribunal que dicte "fallos que enderecen estos desvíos procesales y traigan razonabilidad jurídica a un sistema exitoso como el acusatorio, el que, al parecer, algunos pretenden desguazar".

Tragedia

El fatídico hecho ocurrió el martes 17 cuando un expolicía de 60 años ingresó a Tribunales con un arma de fuego oculta en su ropa. Según informaron, entró a las 12, acompañado por una mujer y se dirigió al subsuelo donde están las salas de audiencias penales. Luego, se retiró, pero, minutos más tarde, volvió al edificio 25 de Mayo. Allí, personal policial lo interrogó y, tras decir que esperaba a su abogada, tomó asiento en la sala de espera. A las 13.30, el hombre quedó solo en el lugar y se pegó un tiró en la cabeza. Murió en el acto.

Desde el jueves, la Corte implementó controles de seguridad en el edificio. El público accede por avenida Central (los magistrados por calle Rivadavia) y debe someterse a un escáner manual, a la vez que está prohibido entrar con encendedor y otros elementos inflamables.