En una clara señal de impulsar el último tramo de la megacausa de expropiaciones, en la que están en la mira abogados, exfuncionarios y exjueces que habrían conformado una red delictiva para sacarle millones de pesos a las arcas del Estado, el fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, decidió sumar a un agente fiscal a la investigación. Se trata de Iván Grassi, miembro de la Unidad Fiscal de Investigación de Flagrancia, quién tendrá a cargo el expediente junto a quién sea designado para subrogar a Carlos Rodríguez. Este último es el fiscal de Instrucción que a fines del año pasado se inhibió, declarando una enemistad manifiesta con uno de los principales imputados. Fuentes oficiales indicaron que en los próximos días se conocerá quién será el reemplazante de Rodríguez, por lo que el cuarto y último procesamiento estará a un paso de elevarse a juicio. 

Según explicó Quattropani, la decisión de sumar un fiscal a la investigación se debe a que “se trata de una causa especial, compleja y grande” (el expediente acumula 37 cuerpos). Además, sostuvo que Grassi trabajará en el expediente y que será una pata fundamental en el momento que se lleve adelante el juicio. Desde Tribunales indicaron que el fiscal designado tiene amplia trayectoria en el edificio 25 de Mayo al punto que, antes de integrar Flagrancia, fue Secretario en la Sala Tercera de la Cámara Penal con una tarea impecable.

La movida de Quattropani se da luego de que en diciembre Rodríguez, titular de la fiscalía de Instrucción Nº3, planteara dar un paso al costado en la megacausa tras seis años de trabajo intenso. El fiscal le solicitó al juez Benedicto Correa, del Quinto de Instrucción, que lo aparte porque uno de los imputados, Horacio Alday, se refirió a él en términos injuriantes “tanto a nivel personal como profesional”. El abogado que está en la mira de ser líder de una asociación ilícita, junto con el letrado Santiago Graffigna, consideró en un escrito que “Fiscalía de Estado tiene dos empleados: uno gratis, que es el doctor Rubén Pontoriero (abogado penalista); y el otro pago, que soy yo (por Rodríguez)”. Por eso el fiscal, decidió no seguir vinculado al expediente indicando en su momento que “tengo que garantizar el principio de legalidad y de imparcialidad. En este momento no voy a ser imparcial”.

Tras ese planteo, el juez Correa decidió aceptarle la salida al fiscal por lo que ahora debe designar a un reemplazante dentro de la línea de subrogación. Al ser una causa compleja que tiene a exfuncionarios y exmiembros del Poder Judicial involucrados, desde que se radicó la denuncia en 2010, varios fiscales y jueces han planteado inhibiciones por lo que no hay muchos que puedan llevar adelante el proceso de investigación y, eventualmente, el juicio. Fuentes calificadas indicaron que quienes suenan para reemplazar a Rodríguez son Daniel Galvani, titular de la Fiscalía de Instrucción Nº 4, y Ana Lía Larrea, de la fiscalía Nº 5. 

La designación de un fiscal es clave, ya que deberá evaluar si es necesario dar por concluida la etapa de instrucción para el cuarto procesamiento y pedirle al juez que eleve la causa a juicio o si se requiere alguna nueva medida. Además, también deberá definir la situación procesal de personas que todavía están sospechadas, como es el caso de Héctor Mario Carelli, quien era el jefe del área de expropiaciones en Fiscalía de Estado; el abogado Gustavo Mulet; y María Celina Infante, exsecretaria del estudio jurídico de Mulet. A los tres se les tomó declaraciones informativas en la causa. 

Imputados

Dentro del cuarto procesamiento figuran: el exfiscal de Estado de la provincia Mario Díaz; el exempleado de Recursos Energéticos, Néstor Adán Ruiz; y cinco exintegrantes del Tribunal de Tasaciones. Estos son Julio César Fernández, Pedro Bazzani, José Moreno, Adolfo Cravero y Eduardo Olivera.