Ante la pregunta de que si Guillermo Ruiz Álvarez, expresidente de la Caja de Acción Social, usó fondos públicos para supuestas actividades como presunto usurero, la respuesta fue contundente: "Estoy en condiciones de decir rotunda y categóricamente que mi cliente no ha sustraído fondos de la Caja. Afirmo la versión de mi cliente y tengo la plena confianza de que ese argumento se va a cristalizar en el proceso". La frase pertenece a Fernando Castro, representante legal de los hermanos Guillermo y Javier Ruiz Álvarez y quien además les aconsejó al exfuncionario y al agente del Tribunal de Cuentas que no hablen con la prensa, por lo menos por ahora.

La respuesta de Castro apunta a una de las principales sospechas que tiene el titular del Cuarto Juzgado de Instrucción, Martín Heredia, quien investiga a los hermanos por usura, defraudación, uso de documento falso y peculado (apropiación indebida del dinero perteneciente al Estado). Es más, para detectar si hubo movimientos ilegal en la Caja de Acción Social el magistrado llevó adelante una serie de medidas que incluyó un allanamiento en la oficina de Ruiz Álvarez y la solicitud al Tribunal de Cuentas para que audite los 15 años de gestión del mayor de los hermanos (ver Recuadro).

Según Castro, Guillermo Ruiz Álvarez le explicó que es "prácticamente imposible sustraer fondos de esa repartición, por cómo es el circuito de préstamo dentro de la Caja de Acción Social. El sistema no permite que en algún tramo se pueda desviar dinero. Todo eso va a ser explicado".

De lo que no explicó el letrado, según dijo por desconocimiento, es qué relación tienen los hermanos Ruiz Álvarez con Renzo Tinto, la tercera persona que está en la mira de la justicia, y con la comerciante María Natalia Alaniz, quien finalmente los terminó denunciando. Además, tampoco pudo aclarar si los Ruiz Álvarez participaron en la adulteración de uno de los cheques que presentó la mujer como garantía ante la solicitud de un préstamo. Sobre esos hechos que investiga la justicia, Castro se limitó a decir que "los delitos con contenidos económicos se prueban con prueba documental. Los temas relativos a la falsedad de documentos se prueban con pericias. Lo único que conozco es lo que ha trascendido en los medios. Tengo que ver cuáles son las imputaciones y cuáles son las conductas que se le endilgan a mis clientes para poder hablar con fundamentos y para que ellos me expliquen todo".

El escándalo que tiene en la mira a los hermanos Ruiz Álvarez y a Renzo Tinto estalló hace una semana cuando este medio dio a conocer que la fiscal Ana Lía Larrea le pidió al juez Heredia que abra una investigación contra los tres sospechosos y que los indague como presuntos autores de una serie de delitos.

Alaniz hizo la denuncia en agosto, vía telefónica, ante la Secretaría de Articulación Judicial dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación. La mujer le había pedido a Renzo Tinto dos préstamos por fuera del sistema bancario. A cambio, ella debía cancelar la deuda, capital más intereses y como garantía le presentó dos cheques. Ante la entidad nacional, la comerciante explicó que canceló el préstamo más los intereses, que Tinto le dijo que los cheques los tenían los Ruiz y que ellos manejaban una mesa de dinero con fondos de la Caja. Uno de los cheques, por 52.670 pesos, fue ejecutado en 2016 por Javier, con el patrocinio de su hermano Guillermo. El segundo documento tenía fecha límite de cobro en 2014, pero habría sido adulterado para que el plazo se extendiera hasta 2017. Ese cheque también fue ejecutado, pero por Tinto con la representación de Guillermo.

Martín Heredia - juez

En declaraciones a Radio Concepto, el titular del Cuarto Juzgado de Instrucción indicó que "estamos evaluando llamar a declarar, en carácter de testimonial, a personal de Tesorería y de Gerencia de la Caja de Acción Social".

Las medidas que tomó el juez

Además de los allanamientos que dispuso en la Caja de Acción Social, en el Tribunal de Cuentas, el estudio particular de Guillermo Ruiz y un procedimiento similar en el hogar del exesposo de Alaniz, Marcelo Bustos, el juez Martín Heredia pidió al Tribunal de Cuentas y a fiscalía de Estado que auditen los 15 años de gestión del mayor de los hermanos.

Además, requirió información a la AFIP acerca de los movimientos financieros y hasta los viajes al exterior de los sospechosos y de Renzo Daniel Tinto, el tercer apuntado. Mientras que hizo lo propio al Banco Central de la República Argentina para que informe las cuentas bancarias de los implicados y los movimientos que tuvieron en las mismas.

Por otro lado, Heredia ya tomó una serie de testimoniales en la causa, como la declaración de la principal implicada y dos empleadas de la Caja de Acción Social.