El ministro de Salud de la provincia, Oscar Balverdi, dijo ayer que no descarta recurrir a la Justicia si las medidas que viene cumpliendo el Sindicato Médico de San Juan ‘ponen en riesgo la salud de la población‘.
Es porque el citado sindicato reanudó su plan de lucha en reclamo por un régimen jubilatorio diferencial, una recomposición salarial y por una ley de estabilidad para los médicos internos, que incluye por ahora asambleas en los centros de salud y la no entrega de certificados. Pero para el 24 de este mes han anunciado un paro por 24 horas sin atención al público, sólo garantizando las guardias mínimas.
Las declaraciones tienen lugar cuando el juez del Octavo Juzgado Civil, Daniel Olivarez Yapur, resolvió hacer lugar a una acción de amparo contra los médicos terapistas que el viernes 30 de septiembre amenazaron con dejar sus puestos de trabajo y no atender a los pacientes (ver aparte).
A raíz de esa situación actuó la Fiscalía de Estado, en representación de la Provincia, con la presentación en la Justicia Civil de una acción de amparo con una medida cautelar para garantizar en forma inmediata la prestación del servicio de salud. El juez primero resolvió la cautelar y ahora la cuestión de fondo, el amparo.
No es la primera vez que la Provincia recurre a la vía del amparo para garantizar un servicio. Antes ocurrió con los gremios docentes que hacían paro por reclamos salariales (ver aparte).
En ese contexto, el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis, dijo que ‘vamos a plantear este tipo de acciones cada vez que un servicio o una necesidad de la población sea interrumpido‘.
‘No quiere decir que no se vaya a respetar el derecho de protesta sino que la intención es preservar los servicios esenciales para la población, como seguridad, educación y salud‘, aclaró el funcionario.
Sobre la decisión del juez Olivarez Yapur opinó que ‘es una buena medida y estamos satisfechos. Está en la línea planteada desde esta Fiscalía de Estado‘.
‘Se ha puesto en valor el derecho humano a la salud y a la vida dentro de las terapias intensivas‘, analizó el fiscal de Estado.
Desde la Asociación de Terapia Intensiva de San Juan (ATISJ), Carlos Angulo sostuvo que ‘no estamos de acuerdo con lo que ha decidido el juez y vamos a apelar‘.
Precisó que ‘el conflicto sigue como el primer día, lo único que ahora hay una orden judicial que nos obliga a trabajar‘.
Y aclaró que la intención del sector que representa es poder sentarse a discutir los aranceles con la Obra Social Provincia ‘sin intermediarios, mientras que se sigue negociando con otras instituciones‘.
De Sanctis precisó que para que actúe la Fiscalía el ministro del área correspondiente debe elevarle los antecedentes que justifiquen el planteo judicial.
‘Por supuesto que estamos dispuestos a hacerlo, siempre y cuando la situación lo requiera porque la salud es un servicio esencial‘, dijo Balverdi.
Sobre la actitud del Sindicato Médico, el ministro sostuvo que ‘yo deseo de todo corazón que nos podamos sentar a conversar porque algunos de los planteos ya están en vías de solución‘.