Sobre la provincia pesaba una suerte de espada de Damocles: tenía tres sentencias en contra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por una deuda que reclamaba la Obra Social para la Actividad Docente (Osplad). Y esta a su vez había solicitado el embargo de fondos de coparticipación para asegurarse el cobro. A través de gestiones entre Fiscalía de Estado y el Ministerio de Hacienda con la entidad, San Juan llegó a un arreglo y redujo el saldo en rojo en casi 23 millones de pesos. Así, deberá desembolsar cerca de 104 millones, pero en el marco de un plan de pago accesible de 24 cuotas, o sea, a razón de 4,3 millones por mes. De hecho, ya hizo efectiva la primera cuota el mes pasado, manifestó Jorge Alvo, el titular del organismo encargado de defender el patrimonio local.

Pese a los fallos en contra, la provincia dio batalla legal en el máximo tribunal al presentar un recurso para que defina si era justo o no el reclamo de Osplad y una cautelar para frenar el pago. No obstante, la Corte Suprema le dio un nuevo revés (ver recuadro). Así las cosas, los alfiles uñaquistas se sentaron a negociar con la obra social nacional y llegaron al convenio. Lo ahorrado son unos 23 millones de pesos, el equivalente a 23 casas del IPV, 2.300 conexiones domiciliarias de cloacas o la instalación de ese servicio en cuatro barrios como el Colón, en Capital.

La historia de la deuda que peleó Osplad tiene sus raíces en la década del "90, cuando en la provincia había maestros que estaban bajo la órbita de la Nación, por lo que percibían su sueldo a través de la administración central, que a su vez hacía los aportes a dicha obra social. En el menemismo, las escuelas nacionales fueron transferidas a los distritos, como el caso de San Juan, quienes, por convenio, siguieron destinando fondos a la entidad para la cobertura de salud por ese listado de educadores.

En 2014, Osplad realizó inspecciones y descubrió que esos docentes que eran nacionales además tienen otros cargos en el ámbito educativo local y puestos laborales en otros rubros, por lo que inició demandas por juicios ejecutivos para cobrar esos aportes extra. Pero en el Gobierno señalaron que esos cargos nuevos son provinciales y que algunos maestros también desempeñan tareas en el Ejecutivo. Por lo tanto, deposita los recursos correspondientes a la Obra Social Provincia (OSP).

No obstante, Osplad acudió a la Corte Suprema para cobrar esa diferencia y consiguió el OK. Así, la provincia tuvo tres sentencias en contra. La primera fue por 12.736.809 pesos y las otras dos por 29.192.198 y 43.834.914 pesos. El total ascendió a 85,7 millones de pesos, que van desde 2010 a 2014. El monto actualizado escaló a cerca de 127 millones, pero la provincia acordó la quita de cerca de 23 millones de pesos.

En el convenio además se estableció el padrón de docentes al 30 de abril de 2014 sobre el que la provincia le pagará a Osplad por los respectivos cargos. Así, la obra social nacional aceptó desistir de cualquier otra deuda que se haya originado a partir de la fecha de corte, explicó el fiscal de Estado. Con esto, en la gestión uñaquista resolvieron de manera definitiva la disputa y se aseguraron no tener ningún conflicto en el futuro.

Comprobante   En el acuerdo se estableció que las transferencias de aportes a través del descuento de la coparticipación, instrumentado por la AFIP, sean documentos válidos de acreditación del pago.

Puja legal en la Corte Suprema

Osplad llegó a la Corte Suprema con el cobro de juicios ejecutivos contra San Juan y ganó. Fuentes oficiales señalaron que en ese tipo de procesos, el máximo tribunal no analiza la cuestión de fondo sino que verifica que las liquidaciones estén bien realizadas. Fiscalía de Estado había presentado lo que se denomina una acción declarativa de certeza, con el objetivo de que definiera si es justo o no el reclamo de la obra social. El planteo fue acompañado con una medida cautelar para suspender justamente el desembolso de los fondos, pero la Corte no le hizo lugar.