Medida. La fiscal Salica y el secretario del Quinto de Instrucción, Fabricio Poblete, en representación del juez Benedicto Correa, encabezaron el allanamiento en la empresa Menin. Junto a policías de Defraudaciones y Estafas, secuestraron expedientes y documentación en dos computadoras.



Sin demoras, el juez Benedicto Correa ordenó el allanamiento en Menin Construcciones y la Policía secuestró ayer documentación sobre los dobles pagos que realizó Vialidad en 2014 por tres certificados de obras de tramos de la ruta 149, en Calingasta, que cobró dicha empresa. No sólo eso sino que también se llevaron información de la ejecución de otros sectores del mismo camino, por lo que fuentes judiciales indicaron que los pueden cotejar con documentación extra que aporte el Gobierno para detectar si hubo más irregularidades. En ese marco, Fiscalía de Estado se hará parte querellante en la causa, es decir, colaborará con las solicitudes de pruebas y medidas.

El allanamiento se llevó a cabo luego de que este medio publicara en exclusiva el presunto fraude en la repartición vial local en el último período de la gestión giojista. La medida fue fruto de un pedido de la fiscal Claudia Salica, quien además había solicitado que se indaguen a los eslabones estatales y la pata empresarial. En la lista está Oscar Menin, propietario de la compañía, y Pablo Vizcaino, el responsable técnico. Por el lado de la administración pública, en la mira quedó el exdirector de Vialidad, Edgardo Guerci, actual secretario del Agua; quien fuera el jefe de Certificaciones de Obra, Francisco Gómez, hoy jubilado; la responsable del área jurídica de la repartición, Claudia Caparros de Camera, y la contadora jubilada Eliana Alonso, del Departamento Contable.

La orden de allanamiento del juez fue un claro respaldo al planteo de la fiscal, por lo que ya abrió la investigación y es de esperar que en los próximos días disponga más medidas y defina testimoniales, pericias e indagatorias. Según las fuentes, se secuestró documentación en formato papel y digital, este último, contenido en dos computadoras. Los investigadores se llevaron recibos y facturas del cobro por parte de la firma Menin de tres certificados de obra, que Vialidad canceló por partida doble en los tres casos (en 2013 y 2014), que superan por poco el millón de pesos. Para la fiscal, la empresa incurrió en una connivencia fraudulenta debido a que no podían desconocer que estaban percibiendo dos veces los mismos certificados. En cuanto al eslabón público, Gómez fue el encargado de emitir los certificados, inspeccionar las obras y certificarlas una vez terminadas, lo que habilitaba los desembolsos. Y a Guerci le endilgan, por haber sido el máximo responsable de Vialidad, no haber tomado todas las precauciones para cuidar los dineros públicos. De hecho, estampó su firma en los expedientes, con lo que autorizó los dobles pagos, indicaron las fuentes. El funcionario no pasó ayer por su oficina en la mañana y no contestó los llamados de este medio. Bajo la lupa también están la abogada Caparros y la contadora jubilada Alonso, de las áreas de control (ver claves).

La denuncia la hizo Juan Manuel Magariños, director de Vialidad, con la colaboración de Fiscalía de Estado, cuyo titular, Jorge Alvo, aseguró que se harán parte querellante.

 

 

  Imputaciones

 

Personal de Vialidad

La fiscal solicitó que Guerci y Gómez sean investigados por estafa por administración fraudulenta, estafa agravada en perjuicio de la administración pública en concurso ideal y falsificación de instrumento público y privado, más el uso de documento adulterado.

 

De la empresa

Salica requirió que Oscar Menín, dueño de la empresa, y Pablo Vizcaíno fueran investigados por estafa agravada en perjuicio de la administración pública y falsificación de instrumento público y privado, más el uso de documento adulterado en concurso real.

 

Tarea de control

En cuanto a la abogada Caparros y la contadora jubilada Alonso, la fiscal solicitó que sean investigadas por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Eran las encargadas de la tarea de control. Todas las imputaciones son provisorias.