Algunos sufrieron torturas en el RIM 22 o en el Penal de Chimbas, pero después de 35 años de ocurridos esos duros hechos tienen la oportunidad de encontrarse cara a cara por primera vez con quienes señalan como los autores de los castigos.

Separados por unos pocos metros en la sala de audiencias del Tribunal Oral, un salón de casi 100 metros cuadrados, todo esto ocurre desde el pasado 7 de noviembre en el megajuicio por delitos de lesa humanidad cometidos en San Juan durante la dictadura militar que tiene como acusados a Jorge Antonio Olivera, Osvaldo Benito Martel, Rolando Daniel Gómez, Horacio Julio Nieto y Alejandro Víctor Lazo.

La tensión comienza con la llegada de los acusados a las audiencias, que arrancaron en el Rectorado, pero después todas se llevaron a cabo en el primero piso del ex Banade. Los tres imputados que están en el Penal de Chimbas, Olivera, Martel y Gómez, son trasladados en un móvil de la unidad, y cuando ingresan con custodia de los guardiacárceles y de la Policía Federal, son recibidos con gritos de ‘asesinos‘ y otras frases irreproducibles.

En cambio, Lazo y Nieto, que tienen prisión domiciliaria por razones de enfermedad, son llevados en una camioneta de la Federal y su llegada no genera tanto revuelo. Es porque a Olivera lo señalan como el principal responsable de los hechos de represión. De todos modos hasta ahora, más allá de los insultos, no hubo ningún intento de agresión física.

Hasta el inicio de los debates, los acusados permanecen en una sala contigua a la del juicio y recién minutos antes de que ingresan los miembros del Tribunal son llevados al recinto y ya cuando las partes, los fiscales, abogados querellantes y los defensores están ubicados. Estos últimos adelante de los acusados, y enfrente, del otro lado del salón, fiscales y querellantes.

Al medio queda el lugar reservado para el público, donde se ubican algunas víctimas o sus familiares, algunos luciendo colgado del cuello o entre sus manos pequeños carteles con imágenes de los desaparecidos o de los muertos en los años años de plomo. Aún cuando en otros juicios, como los llevados a cabo en la Ciudad de Mendoza y en San Luis, hay un vidrio blindado separando a los acusados del público, en San Juan no lo hay.

Y hasta ahora no ha hecho falta porque nadie ha intentado agredir a los imputados ni se han producidos desórdenes en los debates.

Para controlar que ningún detenido intente escapar o que alguien se acerque con intenciones hasta de matarlos, en todo momento hay policías de la Federal ubicados en el salón y también hay un guardiacárcel en forma permanente con los acusados. Como las audiencias suelen prolongarse varias horas, las guardias policiales cambian constantemente.

Uno de los momentos más particulares durante las audiencias tiene lugar en los cuartos intermedios. Es que los imputados son llevados a un pasillo contiguo, junto a donde están los baños para el público, pero ninguna víctima o sus familiares quieren siquiera pasar junto a ellos. Esos lapsos son aprovechados por los ex militares para hablar con sus abogados.

Ninguna persona puede permanecer en la sala si no se ha acreditado previamente y hasta la prensa debe pasar por ese filtro. Incluso, por las reducidas dimensiones de la sala, la capacidad es limitada.

De los acusados, Olivera es el único que lleva un portafolios con papeles y, como es abogado, hasta tiene libros de derecho y suele hacerles indicaciones a su abogado defensor. Y a pesar de que durante la lectura de las causas fue nombrado en repetidas oportunidades como responsable de las torturas, nunca perdió la compostura ni bajó la vista ante la mirada acusadora de las víctimas.