Después de 11 años y de una serie de planteos y obstáculos que interpusieron los acusados, que incluso hicieron temer que la causa pudiera prescribir, finalmente ahora quedará definida la situación de los 8 exconcejales rivadavienses imputados de haber realizado manejos irregulares con fondos municipales que estaban destinados a ayudas sociales. Es que Cristóbal Liuzzi, el único de los exediles que no había definido su situación porque está residiendo en España, decidió aceptar el procedimiento del juicio abreviado, que implica reconocer la responsabilidad en los hechos se le atribuyen, y le dictarán sentencia durante una audiencia prevista para mañana, a las 12, en la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal.
Liuzzi es el único que no tiene definida su situación procesal porque el resto ya recibió condena el año pasado. Pero como él estaba en España e incluso en el 2011 se lo declaró en rebeldía y se pidió su captura internacional (ver aparte), recién en el 2012 se puso a disposición de los miembros de la Sala III y ahora pudo viajar de nuevo para enfrentar a la Justicia.
Tal como sucedió con los otros 7 exediles, Liuzzi aceptó ir al procedimiento del juicio abreviado y accedió, en acuerdo con la fiscal Alicia Esquivel, a una condena de dos años de prisión en suspenso y a la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos electivos. De todos modos será el tribunal, con su nueva integración, el que decidirá la situación del imputado, aunque fuentes judiciales estiman que recibirá el mismo castigo que el resto de los miembros del Concejo Deliberante.
El Tribunal de Cuentas empezó a investigar en el 2002 a los exfuncionarios porque existía la sospecha de que parte de los fondos municipales que recibían para ayudar a gente de escasos recursos que iba habitualmente al municipio a reclamar algún tipo de auxilio económico, terminaba en los bolsillos de los exconcejales. Los primeros indicios de las maniobras empezaron a salir a la luz cuando se detectaron en las planillas de rendición de cuentas firmas apócrifas e incluso varios de los que aparecían como beneficiarios de las ayudas denunciaron que nunca recibieron un peso.
Con el transcurrir de los años, recién el año pasado y tras una serie de planteos judiciales que incluso hicieron temer que la causa pudiera prescribir, 6 exconcejales terminaron aceptando someterse al procedimiento del juicio abreviado, aceptando su responsabilidad en los hechos imputados. En una primera tanda fueron Nicolás Tejada, Isidro Díaz y Lidia del Carmen Díaz de Zárate. Y después también adhirieron el exjuez Carlos Reinoso, Oscar Ruz y José Orlando Páez.
La única que quiso someterse a juicio oral y público fue Juana Guerrero, pero en diciembre del 2012, los miembros de la Sala III, Eugenio Barbera, Héctor Fili y Leopoldo Zavalla Pringles, la encontraron culpable y le dieron la misma condena, dos años de prisión en suspenso y la inhabilitación a ocupar cargos públicos electivos, que habían recibido los exconcejales que fueron al juicio abreviado.
Durante el juicio, la fiscal Alicia Esquivel dijo que “en el proceso ha quedado probado que Guerrero se quedó con dinero que era para los carenciados, falsificó la firma de una persona y perjudicó a la municipalidad”. A su turno, el fiscal Daniel Guillén había pedido 3 años de prisión en suspenso.
Por la Defensa, Ricardo Moine habló de “intencionalidad política de difamar a mi clienta” y que “ella no se quedó con el dinero de nadie”. Por eso pidió la absolución.
La propia Guerrero reconoció que “fui negligente con el manejo del dinero de la gente, pero no he cometido delito”. De todos modos fue condenada.
Desde diciembre, la novedad en la sala fue que Fili se acogió a los beneficios jubilatorios y en su reemplazo fue designado Eduardo Gil. Con esta nueva integración del tribunal se está siguiendo el caso de Liuzzi.
Según fuentes judiciales, la defensa de Guerrero ha presentado un recurso de casación ante la Corte de Justicia de la provincia, por lo que su condena no está firme. Otro que fue en casación ante el máximo tribunal fue Reinoso, que era el presidente del Concejo Deliberante para la época en la que se produjeron las irregularidades denunciadas.