La cantidad de contratados de la administración central que la gestión giojista tiene en carpeta inicialmente para designar en planta permanente asciende a 4.700, aproximadamente. El dato lo dio a conocer ayer una fuente del Gobierno provincial, que al mismo tiempo contó que el proyecto de ley que hace falta para el traspaso será presentado hoy en una conferencia de prensa que encabezará José Luis Gioja. La iniciativa ingresará hoy a la Cámara de Diputados.
En los gremios estatales hablaban de que los beneficiados con la medida oficial iban a ser unos 4.000 contratados que trabajan en las reparticiones del Ejecutivo provincial y desde el Gobierno, después, dijeron que eran 4.500. Finalmente, la fuente dijo que la cifra de partida que tienen registrada son 200 más.
El número se conocerá hoy oficialmente y no implica que sea el definitivo. En el Gobierno aseguraron que deberán cumplir una serie de requisitos si quieren quedar como efectivos, aunque no trascendieron cuáles son las condiciones que impondrá el proyecto de ley que elaboraron en conjunto el Ministerio de Hacienda y la Secretaría de la Gestión Pública.
El lote de 4.700 está compuesto por el personal que a diciembre del año pasado ya era contratado. Como lo adelantó DIARIO DE CUYO, la administración giojista decidió fijar ese límite para evitar avivadas. Pasa que la medida de designar en planta permanente a los trabajadores temporales se sabe desde el año pasado y en Casa de Gobierno no descartan que tras esa noticia, se hayan hecho contratos en algunas reparticiones con la sola finalidad de que los titulares queden como efectivos.
El proyecto de ley será mandado hoy a la Legislatura, para que los diputados empiecen a analizarlo, adelantó la fuente. El mismo exceptúa al Ejecutivo de la ley de contención del gasto que está vigente desde 1991, que impide los nombramientos en planta permanente. Así, Gioja podrá avanzar con una medida inédita y la más importante de su gestión en dirección a la estructura de personal de la administración central: nunca antes, en el Estado se designaron tantos empleados en forma simultánea.
Los que vienen insistiendo con el traspaso de los contratados son los gremios, especialmente UPCN. El argumento que dan es que hay personal que desde hace 15 años viene trabajando en esa condición, lo que implica que no tienen estabilidad y que dependen de la voluntad del Gobierno de turno de renovarles el vínculo periódicamente. Además, no cuentan con ART, no cobran antigüedad y le facturan al Estado. Es decir, se hacen cargo del pago de sus aportes jubilatorios y la obra social.
A partir de ahora, los que sean designados adquirirán estabilidad y percibirán ART, antigüedad, adicionales (si hay en la repartición que les toca) y gozarán de los aumentos que regularmente dispone el Estado para intentar neutralizar los efectos de la inflación. Por otra parte, serán afiliados a la Obra Social Provincia.
En este último caso, las afiliaciones se harán en forma paulatina, para evitar que la entidad colapse incorporando de una sola vez a los nuevos empleados públicos y sus familias, habían adelantando en el Ejecutivo.
En los municipios hay expectativa de poder imitar al Gobierno central. Los intendentes dicen que necesitan una ayuda económica del Estado provincial, pero parece que por ahora no hay posibilidades de que eso ocurra.
El proyecto oficial no contempla a los otros dos Poderes del Estado provincial, el Legislativo y el Judicial. Pasa que en esos ámbitos no rige la ley de contención del gasto, por lo que no tienen impedimentos para nombrar gente en planta permanente.
Tampoco incluye al Tribunal de Cuentas y la defensoría del Pueblo, exentos de la misma norma sancionada en los inicios de la gestión de Jorge Escobar. En los dos organismos tienen contratados y a partir de la decisión del Ejecutivo, están analizando nombrarlos como personal efectivo.