Defensa. Alfredo Amín asumió en 2015 como diputado en representación de Calingasta. Los hechos por los que está en la mira datan de 2013 y 2014. El legislador negó haber efectuado sobreprecios en las mercaderías que se entregaron.

En la Justicia Federal está en marcha una investigación contra unos 10 proveedores por la sobrefacturación de mercadería que entregaron entre 2013 y 2014 al Escuadrón 26 Barreal de Gendarmería y al Centro de Formación Félix Manifior y por la , lo que significó un perjuicio a las arcas nacionales por un total de 6 millones de pesos. Entre los comercios implicados se encuentra el Supermercado Don Pocholo Srl, cuyo cogerente es el diputado justicialista por Calingasta, Alfredo Amín, quien quedó imputado como uno de los presuntos responsables del fraude contra la administración pública, revelaron fuentes judiciales. Es que el fiscal Francisco Maldonado había solicitado su indagatoria porque cree que hay elementos para considerarlo sospechoso. Así, quedó a pasos de un pedido de desafuero que deberá definir el juez Leopoldo Rago Gallo, aunque en la Justicia no recuerdan algún caso en el que un magistrado se haya negado a ese tipo de pedido. Incluso, en el ambiente político anoche especulaban con una rápida resolución del juez federal.


Amín asumió como legislador en 2015 y por lo tanto, cuenta con fueros. Por eso, para ser interrogado debe perder dicho privilegio. La Constitución provincial establece que "cuando se formule denuncia criminal por escrito contra un diputado, la Cámara recibirá el sumario enviado por el juez y, examinado en juicio público en la sesión próxima a la que se dio cuenta del hecho, puede con dos tercios de votos suspender en sus funciones al acusado, quedando este a disposición del juez competente para su juzgamiento". De concretarse el planteo de desafuero, el proceso será inédito, ya que desde la reforma de 1986 de la carta magna local, que plasmó el mecanismo contra los diputados, no hay antecedentes de ese tipo. El caso más fresco data de 1985, cuando dos legisladoras bloquistas fueron desplazadas de sus bancas (Ver recuadro).

En caso de ocurrir, será clave el voto del PJ que es mayoría. En ese sentido, fuentes del oficialismo dijeron ayer que no van a entorpecer el trabajo de la Justicia.

Al ser consultado, Amín negó categóricamente haber efectuado sobreprecios en las mercaderías que se distribuyeron a la fuerza de seguridad y aseguró que entregó todos los productos. Destacó que está dispuesto a defenderse y dar las explicaciones al juez, al punto de que contó que se presentó en dos ocasiones en el Juzgado con documentación, pero que no le tomaron la declaración justamente por los fueros que tiene. Ante la consulta si renunciará, indicó que no lo tiene decidido.

De acuerdo a la causa, desde el Supermercado Don Pocholo se emitió en diciembre de 2013 una factura por poco más de 406 mil pesos y por casi 20 mil pesos por productos varios que no entraron al Registro de Ingreso del Centro de Formación de gendarmes. Y en otro expediente figura que el negocio facturó y cobró en exceso por 156.600 pesos. Además están en la mira Julio Posleman, de Distribuidora Posleman; Oscar Pastén, de Supermercado El Ángel; Juan Carlos Tapia, de Panadería Los Andes; Carlos Samat, de Distribuidora Libertador; Alberto Sosa, de Primer Supermercado Barreal; Genaro Riquelme, de El Triángulo; junto a Pablo Riquelme y Adrián Uliarte, a cargo de otros comercios, a los que se suma el titular del negocio Jesús María Carnes, el cual no fue identificado.

El caso lo dio a conocer DIARIO DE CUYO en octubre, cuando saltó a la luz que el comandante principal Darío Barco, por entonces al frente del Centro de Formación, y el segundo comandante Jorge Castro, extitular del área que maneja las finanzas del Escuadrón y del instituto, habrían armado el fraude en supuesta complicidad con los proveedores. La investigación arrojó que hubo sobreprecios y mercadería que se facturó y no ingresó al Escuadrón, entre otras anomalías.



 

El origen

  • Denuncia

La denuncia la hizo Gendarmería con asiento en Córdoba en 2014. Los pagos excesivos saltaron por precios comparativos que tiene la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y las anomalías en las compras surgieron de pericias de una unidad de Gendarmería en Tucumán y de la Policía Federal.

  • El antecedente


En 1985, la Cámara de Diputados, con una abrumadora mayoría bloquista, desplazó a dos legisladoras del partido de la estrella: Mónica Sueldo y Sari Luz Díaz Lecam. El argumento utilizado fue el de conducta partidaria indigna. Las diputadas tenían posiciones críticas hacia el bloque con respecto a algunos puntos del proyecto de reforma de la Constitución. Además, en la fuerza política las acusaban de colaborar en la campaña electoral a favor del radicalismo, según señalaron los memoriosos. Así, fueron echadas a través de un juicio político. 


Las mujeres acudieron a la Corte de Justicia, cuyos integrantes y el procurador consideraron que el tema era judiciable. El bloquismo impulsó el jury y así fueron destituidos los cortistas Carlos Graffigna Latino, Eduardo Aguiar Aranciva y el procurador Mario Manrique, mientras que Baistrocchi logró zafar.