En Casa de Gobierno hubo una fuerte reacción cuando se enteraron de un polémico fallo de la Cámara Civil que declaró inconstitucional la ley que dispone que los intereses que paga el Estado en juicios se deben calcular a tasa pasiva, es decir a una tasa mucho menor a la del mercado financiero. Aunque la resolución es aplicable al caso en particular, que es por un monto pequeño, abre la posibilidad de que se siente un precedente y que a futuro, las sumas de dinero que la provincia tenga que hacer frente por litigios judiciales se multipliquen varias veces más. Lo que más molestó en las filas giojistas es que los magistrados argumentaron casi en términos políticos que San Juan está mejor que nunca económicamente y que sus deudas se deben ajustar sin ninguna contemplación. La última palabra la tiene la Corte de Justicia, ya que el gobierno recurrió.
El fallo tiene fecha de febrero, pero recién trascendió esta semana, y salió por unanimidad. Lleva la firma de los tres miembros de la Sala II de la Cámara Civil: Jorge Largacha Quiroga, que en ese entonces todavía no se jubilaba, Octavio Augusto Sánchez y Oscar Roberto Otiñano.
El caso se disparó en 1998 a raíz de una demanda por daños y perjuicios que interpuso contra la provincia y la Municipalidad de la Capital el ciudadano Rubén Darío Ruiz, que adujo haber chocado en su moto por un corte de calle que se hizo en las inmediaciones del Parque de Mayo por los festejos del 21 de septiembre. El juez de primera instancia Daniel Olivarez Yapur rechazó el planteo y el denunciante apeló a la Cámara Civil, que revirtió la sentencia y ordenó que la provincia y el municipio le paguen una suma de dinero como resarcimiento por las lesiones sufridas.
El problema vino a la hora de determinar lo que se debía pagar. Ruiz actualizó el capital aplicando la tasa activa y determinó que le debían abonar unos 28 mil pesos. La provincia y el municipio impugnaron la planilla y advirtieron que el cálculo se debía hacer a tasa pasiva -la que fija el Banco Nación-. Según plantearon, el monto a pagar debía ser de algo más de 15 mil pesos entre capital e intereses.
La disputa llegó a la Sala II de la Cámara Civil. Largacha Quiroga, Otiñano y Sánchez declararon inconstitucional la Ley 6.434 que regula los intereses que la provincia paga en asuntos judiciales en los que es parte. Y en consecuencia, le dio la razón a Ruiz.
La diferencia entre la posición oficial y la que resolvieron los magistrados no es menor. La tasa activa es tres veces más alta que la pasiva. Hoy, la primera está en 0,59 por ciento mensual y la segunda en 1,55 por ciento en el mismo periodo. En la práctica significa que si los intereses se calculan aplicando la segunda, el monto a pagar es mucho mayor.
Los magistrados apelaron a un particular argumento que en Casa de Gobierno causó una fuerte indignación. Fuentes cercanas a Gioja aseguraron que el fallo cayó como un baldazo de agua fría, porque contiene frases con cierto toque de ironía que se asemejan a las que usa la oposición para arremeter contra el oficialismo.
Los magistrados señalan que la ley en cuestión es de emergencia, es decir, de carácter excepcional, y que en la actualidad no se justifica su aplicación. Sostienen esa teoría en que los números del INDEC, las obras ejecutadas por este gobierno y los anuncios de inversiones y más obras dan muestra de que la provincia está en "una etapa de prosperidad inigualable" y que ya superó el estado de emergencia que fundamentaba la vigencia de la 6.434 (Ver Términos de la polémica).
Más allá del caso de Ruiz, el fondo de la cuestión es lo que se viene. En Fiscalía de Estado afirman que el estado de las cuentas públicas es aún delicado y que la mayoría de las obras que se hicieron fueron con fondos gestionados en la Nación. Y rezan para que la Corte revierta el fallo y deje firme la aplicación de la tasa pasiva en los juicios donde el Estado tiene que pagar. De lo contrario, se entiende que los jueces inferiores adoptarían el mismo criterio y existe el riesgo que de que ahora en más, la provincia siempre tenga que afrontar intereses a tasa activa cuando sea vencida en un proceso judicial por sumas de dinero.
Para el gobierno actual y los que vengan es un tema crucial. Fundamentalmente porque la provincia tiene miles de juicios en contra y si bien oficialmente nunca se ha informado el monto total que hay en juego, se sabe que es una cifra de cientos de millones. En los casos que tenga que pagar, al capital se le deberán sumar intereses y el monto se multiplicará dependiendo de la tasa que se aplique.