En su último día de mandato, la exintendente de Rivadavia Ana María López sacó un decreto en el que dispuso el pago de las vacaciones no gozadas en 2015 para las autoridades salientes del municipio. Su sucesor, Fabián Martín, había anulado tal decisión con otra resolución, debido a que una ordenanza señalaba que si la planta política no se tomaba el descanso perdía el derecho a reclamar cualquier compensación económica. La disputa llegó a la Justicia y la titular del Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti, le hizo lugar al reclamo de la ex jefa comunal. ¿Los motivos? La ordenanza que esgrimió el área legal de la actual gestión para rechazar el pago nunca fue publicada en el Boletín Oficial, por lo que no se encuentra vigente. Así, la magistrada dejó sin efecto el decreto que había emitido Martín y consideró válido el de López. De esa manera, condenó al Ejecutivo departamental a pagarle una suma de poco más de 30 mil pesos (en la que está incluida el medio aguinaldo) más intereses, lo que orillaría los 50 mil, indicaron fuentes judiciales.

La cifra es insignificante para las arcas municipales y, en realidad, refleja la disputa que se había suscitado entre el actual intendente y su predecesora, que además tuvo otros entredichos (ver recuadro). Las fuentes señalaron que la jueza además falló a favor de la expresidenta del Concejo Deliberante, Adriana Catraro, que realizó el mismo reclamo con los mismos argumentos, pero cuyo resarcimiento es de 19.516 pesos más intereses. No obstante, las resoluciones aún no están firmes y desde la comuna manifestaron que apelarán a la Cámara Civil. Los otros que demandaron a la comuna son: Alberto Herrera, marido de López y exsubsecretario de Obras, quien solicitó 17.077 pesos; la exsecretaria privada, Flavia Zaneti, que reclamó 9.758 pesos, y el exasesor Sergio Nazara, quien pidió 13.417 pesos. Sus planteos están pendientes de resolución y todo indica que tendrán el mismo resultado.

De la mano de un partido propio y dentro del frente oficialista, López asumió la Intendencia de Rivadavia en 2011 y cuatro años más tarde buscó la reelección, pero cayó ante Martín, referente de Producción y Trabajo. El 9 de diciembre de 2015, la exintendente dejaba el timón y sacaba el decreto que autorizaba la liquidación de las vacaciones no gozadas del período a favor del Ejecutivo y del Concejo Deliberante. Pero ocho días más tarde, el actual jefe comunal firmaba otro decreto que anulaba el anterior, en base a la ordenanza 808 que establecía que si no se usa dicha licencia no se puede reclamar ninguna indemnización. En la fase judicial y luego de que el abogado de López presentara sus pruebas, Tettamanti hizo referencia a que el propio gobierno municipal había reconocido en 2003 que dicha norma nunca fue publicada, por lo que "no entró en vigencia y carece de eficacia", resaltaron las fuentes. De hecho, destacó que fue derogada de manera implícita, dado que la comuna, en ese entonces, adhirió al régimen provincial de licencias. Tal normativa indica que "en caso de producirse el cese de la relación laboral, se podrá, y como caso de excepción, compensar en dinero" las vacaciones. Por eso, consideró válido el decreto de López, ya que se basó en ese régimen, y anuló el de Martín.

Además, el abogado de la exintendente esgrimió que el actual jefe comunal cobró las vacaciones no gozadas cuando fue concejal y dejó el puesto en 2011. Y también presentó como prueba una resolución del Tribunal de Cuentas que le cuestiona al municipio la falta de pago de las licencias de 2015.

Autoridades
 

El decreto de Ana María López que autorizó la liquidación de las vacaciones no gozadas para las autoridades del Ejecutivo y del Concejo Deliberante contemplaba una partida de casi 456 mil pesos. Tras su anulación por parte de Fabián Martín, fueron cinco los exfuncionarios que acudieron a la Justicia.

Demandas

90

mil pesos es la suma que han reclamado los cinco exfuncionarios de Rivadavia en sus demandas. La cifra no contempla los intereses.

Diferencias entre rivales

Luego de que Ana María López dejara la gestión, se generaron cruces con su rival Fabián Martín, actual jefe comunal. Uno de los puntos en conflicto fue la construcción del CIC de Rivadavia, por lo que el intendente creó una comisión especial, la cual reveló que desaparecieron materiales y que la obra tuvo un escaso avance pese a la plata invertida. La exintendente cuestionó el informe y Martín nunca avanzó en una denuncia.

Otra disputa fue el aumento salarial que Ana María había aplicado a la planta política en forma de compensación y que no instrumentó para el personal de planta permanente. Por esa situación, los empleados hicieron reclamos administrativos y llegaron a la Justicia, dado que en Rivadavia existe la ley de enganche, esto es, que si hay un incremento al staff político, automáticamente debe bajar a los trabajadores. Martín siempre cuestionó la medida que había tomado su predecesora, dado que le implicaría al municipio una cuantiosa erogación. Inclusive había hablado de herencia recibida. Pero desde la oposición le cuestionaron que sus concejales, en ese entonces, le habían dado el OK al proyecto de ordenanza que había mandado el Ejecutivo.