En medio de la polémica desatada por la aprobación la semana pasada de la ley que permite el casamiento entre personas del mismo sexo, la encargada de la oficina del Registro Civil ubicada en el Barrio Los Pinos, en Chimbas, Angela de Herrero, dijo ayer que no está dispuesta a celebrar bodas gay "por formación religiosa" y porque manifestó estar a favor "de la familia". Aseguró que no sabe cómo hará cuando le toque celebrar un matrimonio gay ya que analizó que "podría recibir sanciones" si mantiene su actitud. Esto, porque más allá de las objeciones personales, la ley debe cumplirse y, si no, se supone que cabe la renuncia.
La funcionaria es hasta ahora la única en el Gran San Juan que dijo no estar dispuesta a cumplir el trámite según un relevamiento que hizo DIARIO DE CUYO entre las delegaciones de la zona, aunque no es el único caso en el país. Ya hubo situaciones similares en otras provincias argentinas, en algunos casos de jueces de paz, que adelantaron que no quieren celebrar bodas gay (ver aparte).
El dato surgió cuando en otra dependencia del Registro Civil, la que funciona en el Centro Comercial del Barrio Aramburu, reconocieron que ya hay consultas de gays que quieren casarse, llegarían a unos diez casos, que fueron derivados a la Dirección del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, que funciona en la calle Laprida casi Rioja (ver página 3).
En la madrugada del jueves de la semana pasada, el Senado sancionó la ley que consagra el matrimonio civil entre personas del mismo sexo, luego de una votación que fue el epílogo de casi 14 horas de arduo debate en el que se enfrentaron convicciones personales y consideraciones jurídicas y políticas, y que terminó habilitando las nupcias entre homosexuales por 33 votos a favor y 27 en contra y tres abstenciones. En el caso de los 3 representantes por San Juan, César Gioja, del Frente para la Victoria, y Roberto Basualdo, del Peronismo Federal, votaron en contra. En tanto que la tercera senadora, la oficialista Marina Riofrío, estuvo ausente porque integró la comitiva oficial que acompañó a la presidenta Cristina Fernández en su viaje a China.
El nuevo texto convirtió a la Argentina en el primer país de Latinoamérica en contar con legislación nacional en materia de matrimonio gay. Además, ayer la Presidenta promulgó la ley de matrimonio homosexual en un acto en la Casa Rosada. Con la firma del decreto comenzará a regir el plazo de los turnos para los primeros casamientos en el país (ver página 3).
La que no pudo ser consultada por si le podría caber algún tipo de sanción a la funcionaria chimbera por su negativa a celebrar bodas gay fue la directora del Registro Civil de la provincia, María del Carmen Vega. Desde su oficina dijeron primero que estaba realizando trámites fuera de la dependencia y después cuando regresó, cerca del mediodía, que tuvo que volver a salir y que no regresaría.
La recorrida de DIARIO DE CUYO comenzó en la delegación de la Segunda Zona, ubicada casi en la esquina de Caseros y Juan Jufré, donde la delegada, María del Carmen Lazo de Martínez, dio a conocer que no estaba autorizada a hablar y que había que remitirse a las autoridades superiores en la provincia, es decir a la directora Vega.
En general, en todas las delegaciones había temor de los funcionarios a pronunciarse sobre las bodas gay y mencionaban que había órdenes "superiores" de mantener silencio sobre el tema.
En la delegación chimbera que funciona al lado del edificio municipal, la encargada de la oficina, María Olivares, dijo que estaba a la espera de instrucciones sobre cómo proceder en el caso, pero que todavía no había recibido consultas de personas del mismo sexo interesadas en contraer enlace.
En todas las oficinas visitadas había muchas personas esperando turno para realizar trámites, como renovar el documento de identidad o pedir uno nuevo porque lo habían extraviado.
En la oficina del Barrio Los Pinos fue donde la responsable de la delegación, Angela de Herrero, manifestó sus objeciones a celebrar matrimonios entre homosexuales. "Se nos ha complicado el trabajo", reconoció porque por su formación religiosa -dijo que es católica- no estaba a favor de la nueva ley.
Contó que llevaba 37 años como empleada en distintas áreas del Registro Civil y que los últimos 25 años los había pasado en ese cargo en Chimbas. Aclaró que para ser responsable de una delegación no hace falta ser abogado y que llegó al puesto con distintos ascensos y a lo largo de años que llevaba en la tarea.
La responsable de la oficina que funciona en el Centro Comercial del Barrio Aramburu, en Rivadavia, quien prefirió mantener en reserva su nombre, fue la que habló de haber recibido consultas de personas homosexuales interesadas en contraer matrimonio civil.
En la delegación que funciona sobre avenida Libertador, también en Rivadavia, dijeron no estar autorizados a dar ningún tipo de información sobre el tema.
Una situación similar se encontró en la oficina de la Primera Zona de Capital, sobre Santa Fe a metros de Mendoza. La delegada, Olga Quiroga, dijo que había recibido instrucciones de no hacer declaraciones sobre el tema, con la recomendación de remitirse a las autoridades superiores.
En la delegación de Santa Lucía, que funciona en el edificio municipal, también dijeron que no podían hablar sobre el tema.