Este viernes a media mañana se confirmó que la Justicia Federal finalmente no intervendrá en una denuncia por presunta corrupción en la gestión de José Luis Gioja como titular del Ejecutivo provincial, según confirmaron a este diario fuentes judiciales. Así las cosas, todo pasará al fuero provincial que ya tiene en su haber una denuncia del mismo tono contra el exmandatario, la tan mentada Escándalo de la ART.

La causa data del 2014 por hechos presuntamente ocurridos en el 2008 pero la reflotó la Oficina Anticorrupción. La presentación se basa en las declaraciones de autoridades de una empresa norteamericana, dedicada al mantenimiento y reparación de motores de aviones, que reconocieron en una causa en ese país que en 2008 pagaron coimas a funcionarios de "la oficina del gobernador de San Juan" para, supuestamente, mantener los contratos.

¿Cuánto era la supuesta coima? Se habla de sobornos entre los 5 mil a 15 mil dólares. En un principio, la causa recaló en el fuero Federal con asiento en la provincia, en manos del juez Leopoldo Rago Gallo. Pero fue el fiscal Francisco Maldonado que señaló que el caso no es de competencia federal y este viernes el Juez resolvió hacer caso a ese pedido.

Lo llamativo de la causa es que volvió a tomar fuerza ahora, cuatro años después que la compañía involucrada Dallas Airmotive Inc. admitió el pago de sobornos a funcionarios latinoamericanos, entre los que incluyó a los de San Juan, a cambio de abonar una multa de 14 millones de dólares para que se le desestimaran los cargos en su contra por violar la norma que castiga las prácticas corruptas en el extranjero.

En la exposición figura que la firma, a través de sus empleados y agentes, envió el pago de sobornos desde su cuenta en Nueva York hacia la de un representante comercial en Argentina, "a sabiendas que los fondos, al menos en parte, serían transferidos a funcionarios de la oficina del gobernador". Y detalla que el 7 de febrero de 2008 hubo un mail entre directivos y agentes de la empresa, en el que se informaba un aumento de la "comisión" que le iban a pagar al representante comercial de Argentina, quien a su vez iba a transferir a San Juan un soborno de 5 mil dólares.

Y el 11 de marzo de ese año, hubo un pedido de autorización para la reparación de motores. Tres días después hubo respuesta: el OK del trabajo debería ascender a una comisión de 15 mil dólares por motor, según el expediente. Cuando estalló el caso en 2014, la gestión giojista había negado cualquier vínculo con Dallas Airmotive y que la firma Aviaser se encargaba del mantenimiento del parque aeronáutico. En la denuncia se señala que Dallas Airmotive transfería las coimas a través de acuerdos con compañías ficticias, pagos a terceros o la entrega de dádivas, como vacaciones pagas.