En la madrugada de ayer, el bar Praga, de Rivadavia, fue escenario de un escándalo tras un procedimiento de control policial en el que se vio envuelta la fiscal de Cámara Marcela Torres, madre del propietario. La denuncia policial señala que la funcionaria judicial chapeó con su cargo para que los uniformados se retiraran y así evitar la clausura del local debido a la presencia de menores de edad. La mujer negó haber hecho gala de su puesto, aseguró que los policías actuaron de manera irrespetuosa, que nunca se identificaron y que también radicó una denuncia contra tres de ellos por falta de cumplimiento de los deberes de funcionarios. Pese a las diferentes versiones, desde ambos lados aseguran que hay filmaciones del momento, lo que resultará clave para dejar en claro quién actuó de manera irregular.

El hecho no es menor, ya que se trata de acusaciones cruzadas entre una alta funcionaria de Fiscalía y personal policial. Todo se desencadenó ayer alrededor de las 2 en el bar ubicado en Rivadavia. Según fuentes calificadas, un grupo de uniformados realizó un operativo de control y chequearon que el local contaba con todas las habilitaciones, pero detectaron la presencia de tres niños de 9, 7 y 4 años que estaban en compañía de una mujer de apellido Aciar. Por eso, le informaron al propietario Matías Miadosqui que iban a clausurar el bar por infracción al artículo 141 del Código de Faltas, por la permanencia de menores en horarios no autorizados.

Ante esa situación, el dueño del bar llamó a su madre y les dijo a los uniformados que es fiscal y que ya iban a ver los que les iba a pasar. La mujer es Torres, quien, de acuerdo a las fuentes, llegó enojada y a los gritos les manifestó que es fiscal de Cámara, que les mostró una credencial y que les ordenó que se retiraran. En ese contexto, también les pedía que se identificaran, a lo que los uniformados accedieron, según la denuncia. Además, los efectivos indicaron que les decía que rompieran el acta, que los iba a denunciar y que ya "van a ver". Frente a ese escenario, un oficial dejó constancia que se comunicó con su superior y éste con el juez de Faltas Ricardo Grossi Colombo, quien dispuso que se hiciera una clausura supeditada del lugar, para que Miodosqui se presente mañana en su despacho para regularizar el tema. Los policías grabaron todo con sus celulares y el oficial Rodrigo Caballero el que aportó la filmación a la denuncia que hizo en la Central de Policía. En ese punto, el juez de turno deberá establecer si la fiscal incurrió en un delito y si hubo obstrucción judicial.

Por su parte, Torres explicó que su hijo alquila el local, en el que en el interior se encuentran los denominados food trucks y que todo está habilitado. Al llegar al lugar tras recibir el llamado de su hijo, negó haber "chapeado" con su cargo y dijo que se presentó como madre y abogada del propietario del bar. Admitió que presentó una credencial, pero indicó que lo hizo porque una abogada que estaba presente les dijo a los policías que la trataran con respeto. La fiscal dijo que les preguntó qué estaban haciendo y de qué se trataba el acta que estaban labrando, pero que los efectivos no le respondieron y que no se identificaron. En eso, su hijo le comentó que le pidieron las habilitaciones y como les había entregado todas, la mujer le manifestó a los policías que ya se podían retirar, pero que no fue de manera agresiva.

Con respecto a la permanencia de menores, Torres expresó que la mujer que estaba con los chicos es la prima del dueño de uno de los food trucks que vende pizza y que los niños son hijos de este hombre. Y que ella les decía que si bien son menores, estaban dentro de la pizzería del padre. La fiscal dijo que los policías mienten cuando aseguran que tanto ella como su hijo hayan tratado de intimidarlos. Así, señaló denunció a tres policías en la Seccional 13ra por incumplimiento de sus deberes, violación de domicilio y falsedad ideológica en la confección del acta.

Camino

Investigación

Como las denuncias de la fiscal Torres y del oficial Caballero se realizaron en sede policial, las causas pasarán a ser investigadas directamente por el Juzgado de turno.