El Ejecutivo y el Legislativo de Valle Fértil atraviesan una situación inédita. Los concejales aprobaron una ordenanza en la que autorizaron al municipio a comprarle combustible a uno de sus ediles.

Si bien la ley de contabilidad de la provincia prohíbe que el Estado realice contratos con cualquier agente de la administración pública, en este caso resulta que el concejal basualdista Manuel Riofrío es el concesionario de la única estación de servicio, que pertenece al Automóvil Club Argentino, que provee de combustible en el departamento.

La asesora letrada de Gobierno y fuentes del Tribunal de Cuentas aseguraron que es absolutamente legal, porque se trata de un circunstancia excepcional que está contemplada en la misma ley de contabilidad.

El presidente del cuerpo deliberativo, el justicialista Omar Ortíz, explicó que en base a la autonomía municipal, consagrada en la Constitución provincial, el Concejo tiene la facultad de dictar normas extraordinarias sobre su régimen de contratación.

Ortíz reconoció la existencia de la incompatibilidad, pero destacó que la otra bomba de nafta más cercana está ubicada a 250 km, que el costo de traslado del combustible es exorbitante, que el municipio no tiene depósitos para almacenamiento y que la falta de ese recurso paralizó las tareas de la comuna que se realizan en vehículos, como la entrega de agua a localidades alejadas y la recolección de residuos.

SITUACIÓN DE URGENCIA
Riofrío, según admitió, dejó de vender combustible al Ejecutivo municipal antes del 10 de diciembre, fecha en la que asumió como concejal por el Frente Unión Producción y Trabajo. El presidente del Concejo señaló que a partir de ese momento se produjo una situación delicada para el abastecimiento de los camiones que debían repartir agua y realizar distintos trabajos en la comuna.

Por esa razón, detalló que el municipio tuvo que salir a comprar a distintas estaciones de servicio en la ciudad de San Juan. Ante esa situación, Ortíz expresó que en la sesión extraordinaria del pasado jueves 22, en la que Riofrío se excusó de participar, el órgano deliberativo lo habilitó a ser proveedor nuevamente.

El titular del Concejo aclaró que se trata de un hecho excepcional y que en la ordenanza se dispuso que ante la instalación de un nuevo proveedor, se le dará de baja al contrato con el edil. Además, afirmó que en la normativa municipal se resaltó que debe ser enviada al Tribunal de Cuentas para que el organismo tome conocimiento de lo resuelto y determine si la ordenanza es correcta, si cayó en algún aspecto irregular, o en todo caso, qué camino deben seguir para solucionar el problema.

La asesora letrada de Gobierno, Ana María Alcobas, destacó que aunque la ley de contabilidad fija como incompatibilidad que un agente de la administración pública sea proveedor del Estado, también prevé excepciones. Y en esos casos debe ‘prevalecer el principio de razonabilidad‘, dijo la funcionaria. ‘Si hay uno o escasos oferentes en el mercado, se justifica que se contrate con ese oferente porque el departamento no tiene otra alternativa‘. Bajo esa idea, Riofrío aseguró que el precio que maneja la estación de servicio del Automóvil Club Argentino, de la cual es concesionario, es uniforme en todo el país.

Fuentes del Tribunal de Cuentas resaltaron que los municipios son autónomos y se rigen por sus propias normas. En este caso, sancionó una norma específica ante una situación particular y tiene facultad para dictar una ordenanza sobre su régimen de contratación, explicó un experto del organismo. Además, señaló que esa legislación tiene la fuerza de una ley que rige dentro del ejido municipal y que no va en contra de la ley de contabilidad porque esta última se trata de una norma supletoria con la que se maneja el departamento. Dentro de ese esquema, el mecanismo es legal, resaltó la fuente.

‘Nos quedamos sin combustible en el departamento y lo más coherente era hacer esto‘, sostuvo el concejal Ortíz.