La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) resolvió suspender la habilitación del puerto de Ushuaia y avanzar con su intervención administrativa por el plazo de un año, tras detectar irregularidades financieras, desvío de fondos y deficiencias operativas y de seguridad. La medida apunta directamente a la gestión del gobierno provincial de Tierra del Fuego, encabezado por Gustavo Melella.
Según se informó oficialmente, la decisión fue adoptada luego de inspecciones realizadas por la agencia, denuncias presentadas por trabajadores del sector y advertencias formuladas por empresas navieras que operan en la terminal. Desde el organismo señalaron que la intervención se dispuso ante la falta de respuestas concretas por parte de la administración provincial para subsanar las irregularidades detectadas.
La resolución lleva la firma del director ejecutivo de la ANPyN, Iñaki Arreseygor, y será oficializada este jueves en el Boletín Oficial. En el mismo acto, la agencia intimó al gobierno fueguino a corregir una serie de incumplimientos que incluyen manejo irregular de fondos, además de riesgos operativos y de seguridad vinculados a la falta de infraestructura adecuada.
El origen del conflicto se remonta a una denuncia sindical y sectorial vinculada a la Ley provincial N.º 1596, presentada por el secretario general de la Unión de Personal Superior Ferroviario, Juan Avellaneda. El planteo cuestiona la creación de un fondo para cubrir la deuda de la obra social estatal (OSEF), financiado con recursos provenientes del superávit del puerto de Ushuaia, una práctica que, según la normativa vigente, no estaría permitida.
En ese contexto, se dispuso que Juan Avellaneda quede al frente de la gestión operativa de la terminal portuaria, bajo la supervisión de directores y gerentes de la ANPyN, con el objetivo de normalizar el funcionamiento administrativo y operativo del puerto.
Durante las inspecciones, el organismo nacional detectó graves fallas en la infraestructura portuaria, entre ellas el faltante de pilotes en el sitio 3 del muelle, defensas desgastadas, problemas en el tablestacado, deficiencias en la carpeta asfáltica y compromisos severos en las condiciones básicas de seguridad operativa, además de irregularidades en la gestión administrativa y financiera.
Desde la agencia también señalaron que estas deficiencias fueron oportunamente informadas a la provincia, junto con el reclamo para la creación de un registro transparente de ingresos, egresos y compras. Sin embargo, esa tarea fue tercerizada a una empresa cuya habilitación comercial no se correspondería con servicios administrativos, ya que figuraría autorizada para la venta de paraguas, termos y pelucas, según consta en la investigación.
Otro de los puntos más críticos señalados por la ANPyN es el uso del presupuesto portuario. De acuerdo al relevamiento oficial, el 33% de los fondos del puerto fue destinado a subsidios de la provincia, en contraposición con la normativa vigente, que establece que esos recursos deben utilizarse exclusivamente para inversiones en la propia terminal. En contraste, solo el 1,3% del presupuesto se destinó a obras y servicios para mejorar la calidad operativa del puerto.
Finalmente, se informó que la Prefectura Naval Argentina asistirá a la intervención, con el objetivo de optimizar las condiciones de seguridad y garantizar el normal desarrollo de las tareas operativas mientras se extienda la medida dispuesta por el Gobierno nacional.