El juez federal Adrián González Charvay le dio un ultimátum al Gobierno nacional y le ordenó implementar la Ley de Emergencia en Discapacidad a partir del 4 de febrero, al considerar que la suspensión de su aplicación vulnera facultades del Congreso.
La decisión se conoció este martes y fue acompañada por una segunda medida clave: el Juzgado Federal de Campana otorgó un plazo de cinco días al Ministerio de Salud y a la Agencia Nacional de Discapacidad para que informen el estado de los trámites necesarios para cumplir la normativa, que fue sancionada por el Congreso.
El fallo se dictó en el marco de un proceso colectivo de alcance nacional, iniciado por dos padres de personas con discapacidad, y avanzó aun sin un pronunciamiento de la Cámara Federal de San Martín, donde se tramita una apelación presentada por el Ejecutivo.
Ese recurso fue impulsado por el procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, luego de que el magistrado ordenara la aplicación inmediata de la ley el pasado 12 de diciembre. La presentación quedó radicada en la Sala II de la Cámara Federal de San Martín, que todavía no resolvió.
El trasfondo del conflicto se remonta a julio de 2025, cuando el Congreso sancionó la Ley de Emergencia en Discapacidad. Posteriormente, el presidente Javier Milei vetó la norma, argumentando la necesidad de preservar el equilibrio fiscal.
Sin embargo, el Poder Legislativo rechazó el veto presidencial, lo que obligó al Ejecutivo a promulgar la ley. Aun así, el oficialismo incorporó un artículo para suspender su aplicación, bajo el argumento de que el Congreso no había especificado las fuentes de financiamiento.
En su resolución, González Charvay sostuvo que esa decisión constituyó una invasión de las atribuciones del Congreso y violó el principio de supremacía constitucional. Además, calificó como falso el argumento económico del Gobierno, al señalar que la propia ley habilita al Jefe de Gabinete a reasignar partidas presupuestarias para cubrir los gastos que demande su ejecución.
Hasta el momento, la Casa Rosada y el Ministerio de Salud no emitieron declaraciones oficiales. Según trascendió, el oficialismo prepara una respuesta formal a la intimación judicial dentro de los plazos fijados.