La demanda civil por daños y perjuicios que impulsa el ministro de la Corte de Justicia de San Juan, Marcelo Lima, contra el empresario textil y dirigente (¿liberal?) Sergio Vallejos tuvo este viernes un nuevo capítulo procesal. Fuentes judiciales informaron que el sorteo del expediente se realizó durante la mañana y recayó en el Octavo Juzgado Civil, a cargo del juez Walter Otiñano, luego de las recusaciones cruzadas que apartaron a los magistrados que habían intervenido previamente.
El movimiento se produjo tras una secuencia de planteos sin expresión de causa. En primer término, Vallejos había recusado al juez Luis Arancibia, del Tercer Juzgado Civil, donde había quedado radicada inicialmente la demanda. A raíz de ello, el expediente pasó al fuero Contencioso Administrativo y quedó bajo la órbita de la jueza Adriana Tettamanti, quien luego fue recusada por Lima mediante un escrito presentado de forma virtual el miércoles a las 15, al filo del plazo legal.
Ese segundo apartamiento no fue casual. Tal como había anticipado DIARIO DE CUYO, el equipo legal del ministro analizaba esa alternativa por un antecedente sensible: Tettamanti tuvo vinculación con la expropiación de La Superiora, en Rawson, uno de los ejes de los pedidos de juicio político promovidos contra Lima y otros integrantes de la Corte, que finalmente no prosperaron en la Legislatura. En ese marco, la magistrada había sido citada por la Sala Acusadora para declarar junto a la exjueza María Josefina Nacif.
Con ambas recusaciones consumadas, el sorteo de rigor definió al nuevo magistrado interviniente. De acuerdo con las fuentes consultadas, el trámite que se abre ahora es estrictamente formal. “En rigor, el juez debe hacer conocer su intervención primero, para que las partes lo consientan; luego lo demás. Primero una audiencia inicial en la que se intenta la conciliación y se provee toda la prueba producida por las partes”, explicaron.
La causa Lima–Vallejos había ingresado recientemente en una instancia de conciliación, previa a un litigio pleno. La propia Tettamanti había detallado el derrotero procesal: audiencia inicial para intentar un acuerdo; si fracasa, apertura a prueba y audiencia final, con un nuevo intento conciliatorio, para luego pasar a sentencia.
El origen del conflicto se remonta al 14 de noviembre, cuando Lima demandó a Vallejos por la afectación a su “buen nombre y honor” tras dos pedidos de juicio político impulsados por el empresario ante la Legislatura. La acción —patrocinada por el abogado Marcelo Miranda Marini— reclama una reparación económica de $60.000.000 y, además, una declaración de inexactitud objetiva, para que el juez confronte los escritos de Vallejos con las pruebas y determine, según la postura del demandante, la falsedad de los hechos denunciados.
Los planteos políticos fueron rechazados y archivados por unanimidad por la Sala Acusadora de la Cámara de Diputados. Para la defensa del cortista, se trató de un uso abusivo del instituto del juicio político. Vallejos, en tanto, negó haber causado daño moral y, a través de su apoderado, el exjefe de Asesores del bloque de Producción y Trabajo en la Legislatura, José Becerra, sostuvo que la demanda es una represalia por su rol en la impugnación de la candidatura de Sergio Uñac en 2023, que derivó en la inhabilitación del entonces gobernador por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.